"Estaban por encima del sistema, del bien y del mal". Esta frase contundente salió, el pasado 16 de abril, de la boca de Juan Pedro Lozano, un narco arrepentido que puso al descubierto una de las mayores redes de presunta corrupción policial descubierta en Catalunya e investigada durante años en el juzgado de Martorell. Este lunes la ha repetido el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo en su informe final del juicio que durante dos meses se ha celebrado en la Audiencia de Barcelona contra 22 personas (uno ha sido exculpado por la acusación pública), entre ellos siete guardias civiles, narcos, un policía y un periodista por el robo de droga en el puerto de Barcelona. La fiscalía ha confirmado que reclama las penas solicitadas, entre seis meses y 39 años de prisión.

Imagen del juicio tomada en abril. JOSEP GARCÍA / Barcelona

El fiscal ha explicado las pruebas que tiene contra los principales acusados de pertenecer a una organización especializada en el supuesto robo de partidas de droga que, entre los años 1999 y 2005, generó millones de beneficios. Todo estaba estudiado. Los ladrones informaban a los agentes de qué narco había recibido una partida de estupefacientes y estos presuntamente montaban falsas operaciones antidroga para robar la mercancía y luego revenderla. En enero del 2005 todo saltó por los aires, al descubrirse que tras la sustracción de un alijo de droga en el puerto de Barcelona podrían estar implicados guardias civiles.

Escuchas anuladas

El juicio ha entrado en su recta final con el informe del fiscal. Sin embargo, sigue dando sorpresas. Hoy, antes del alegato de la acusación pública, el tribunal anuló las intervenciones telefónicas practicadas en el 2008 a tres de los principales narcos acusados y que utilizaron teléfonos móviles desde la cárcel donde ya estaban recluidos. Los magistrados consideran ilícita esta prueba de cargo, que en un principio solo afecta a los acusados de blanqueo de dinero, aunque se podría extender.

A juicio del tribunal, el auto por el que se acordaban estas intervenciones telefónicas es inconstitucional y vulnera derechos fundamentales, pues no estaba suficientemente motivado ni había indicios suficientes para dictarlo. Solo se exponía que los presuntos narcos usaban móviles desde la prisión (hecho que está prohibido). "Esto, en todo caso, sería una cuestión administrativa, pero no se desprende la existencia de delito alguno que se esté cometiendo ni otros futuros", ha explicado el presidente del tribunal, el magistrado Pedro Martín.