La explotación de los ancianos aumenta con la crisis

El abuso económico a las personas mayores aumenta con la crisis. Junto con otro tipo de maltratos a los ancianos, las dificultades económicas generadas por la crisis animan a utilizar a los más mayores y sus pensiones para capear la situación. Las vejaciones se denuncian poco y se dispone de poca información o datos oficiales. En la mayoría de los casos las víctimas no están en condiciones de presentar una denuncia, ya que los maltratadores son sus propios hijos, familiares cercanos o cuidadores.

A pesar de la falta de datos, la Comisión de los Derechos de la Gente Mayor Comisión de los Derechos de la Gente Mayordel Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) arrojó un poco de luz sobre este asunto cuando reveló este mes de junio pasado que habían observado un incremento de un 26% en el número de personas mayores que habían hecho uso del Servicio de Orientación Jurídica del ICAB desde el 2011. Según el ICAB, la mayoría de estas consultas eran sobre maltrato económico. Debido a este aumento, el presidente de la Comisión de los Derechos de la Gente Mayor del ICAB, Jordi Muñoz Iranzo, ha declarado que a partir de octubre se ofrecerá un servicio gratuito especializado para este colectivo. 

Definición de maltrato económico

El protocolo de actuación contra los malos tratos a los mayores del Departament de Benestar Social i Família define el abuso económico como "el uso ilegal o indebido de propiedades o finanzas pertenecientes a la persona mayor; la modificación forzada o coaccionada del testamento o otros documentos jurídicos; negar el derecho de acceso y el control de los fondos personales; los fraudes, robos o hurtos cometidos por una persona de confianza; la signatura de documentos sin información clara de contenido o conocimiento de este. También incluye acuerdos poco equitativos respeto al traspaso de bienes a cambio de servicios de atención. Se excluyen los delitos comunes cometidos por desconocidos".

El silencio de las víctimas

Uno de los principales obstáculos a la hora de abordar una situación de malos tratos lo pone la misma víctima, que no denuncia su situación o ni siquiera se pone en contacto con un profesional para pedir asesoramiento. Los principales motivos de este silencio autoimpuesto son el miedo a represalias, ya que los maltratadores son los hijos, familiares cercanos o sus cuidadores. También sienten vergüenza y se culpabilizan de cómo han educado a sus hijos para que sean capaces de hacer algo así. 

Otra razón, según Mercè Tabueña, presidenta del EIMA (Asociación para la investigación del maltrato a les personas mayores) y psicóloga y trabajadora social especializada en este grupo de edad, es lo que se conoce en psicología como indefensión aprendida. Este término hace referencia a la condición de un ser humano que ha aprendido a comportarse pasivamente, sin poder hacer nada y que no responde a pesar que existan oportunidades para ayudarse a sí mismo. 

Muñoz Iranzo apunta otro motivo, la lentitud del procedimiento judicial. Según el abogado, este es un elemento que desmotiva al damnificado a la hora de emprender una acción legal contra sus maltratadores, dado que pasa mucho tiempo hasta que las víctimas puedan tener una protección efectiva. 

Jordi Muñoz Iranzo relata un caso que llevó: "Hace poco me encontré con un caso de una señora con demencia que su cuidadora la había expoliado y, después de mucho tiempo, una vez tuvimos la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, desgraciadamente, la mujer murió. Por lo tanto, no pudo recuperar nada, ni el dinero ni el piso". El abogado señala como posible solución que en los casos en que la víctima sea una persona mayor tengan prioridad y se agilicen los trámites como ocurre con la violencia de género.

Servicio de denuncias

Hace pocos meses, la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec) ha activado un servicio de denuncias anónimas. Una vez la persona ha rellenado el formulario o ha dado sus datos por teléfono, la información queda guardada en el archivo secreto de Fatec, y es la federación quien se persona como demandante. 

Las víctimas son reacias a hablar con los medios de comunicación, incluso bajo seudónimo, porque tienen miedo de que sus maltratadores los reconozcan. Los mismos expertos declaran que les cuesta que los afectados les expliquen su situación.

Código penal

El artículo 268 del Código Penal estipula que los delitos económicos dentro del seno familiar no tienen responsabilidad penal, exceptuando si hay violencia o intimidación. Diversas asociaciones de ancianos y administraciones han conseguido que se admita la propuesta de modificación del artículo que añade "que la víctima sea discapacitada o en situación de vulnerabilidad". 

Sin embargo, Muñoz Iranzo se muestra escéptico: "En primer lugar, falta ver si queda recogido en el proyecto del Código Penal, y en el caso de que quede recogido faltaría ver si una vez definitivo no lo modifican".

Código de buenas prácticas

El Col·legi de Notaris de Catalunya está redactando un código de buenas prácticas específico sobre cómo actuar cuando el notario se encuentre frente a un caso de abuso económico a un anciano, según ha confirmado el vicedecano del organismo, José Alberto Marín. El código estará disponible de cara al otoño.

Marín ha declarado que: "Además de prevenir, el código servirá de contención para aquellas personas que tengan intención de aprovecharse de una persona mayor, ya que sabrán que lo tienen más difícil y, por lo tanto, puede que se disuadan de hacerlo”. 

Aunque el código aún no está acabado, el vicedecano del Col·legi de Notaris asegura que cuando se encuentran con ancianos aplican un procedimiento especial. El notario concierta más de una entrevista con la persona mayor pará detectar si realmente se trata de la voluntad del afectado y si no actúa coaccionado. Cuando es la hora de firmar, el hijo tiene que salir del despacho para que el anciano se quede solo. Según José Alberto Marín, la persona en cuestión puede no firmar y el notario no notificarlo a su hijo.

En el caso que el heredero sea un cuidador, el Codi Civil Català estipula que el testamento tiene que ser firmado delante de notario, no son válidos los testamentos ológrafos –escritos a mano y firmados en casa–. Este no es el único código de buenas prácticas que se está elaborando sobre este tema, según Carles Pertegaz, vicepresidente tercero de Bienestar y Recursos Económicos de Fatec, la federación está haciendo gestiones con las entidades financieras para implantar un código que dote a los trabajadores de conocimientos para que puedan detectar y actuar delante de situaciones de abusos.

Algunos posibles síntomas que pueden encender las alertas de los empleados bancarios son los cambios de comportamiento, como por ejemplo, si el anciano tenía la costumbre de entablar conversación con ellos y, repentinamente, dejan de hacerlo; o si la persona mayor iba siempre a sacar el dinero sola y ahora siempre va acompañada por otra persona.

Falta de equipamientos especializados

Actualmente, en Catalunya, no existe ningún órgano especializado en gente mayor como si ocurre con otros colectivos susceptibles de recibir malos tratos cómo por ejemplo los niños y las mujeres (Observatori dels Drets de la Infancia y Insitut Català de les Dones). 

Hoy por hoy, si una persona mayor padece un maltrato la única solución disponible es el ingreso en residencias. Tabueña critica este remedio ya que, según ella, en los geriátricos no hay profesionales especializados para poder tratar una persona que ha pasado por una situación de malos tratos. 

La presidenta  de EIMA considera que la mejor solución sería crear una agencia especializada para este colectivo. La supuesta organización recogería todos los casos de maltratamiento y se haría cargo de asesorar y acompañar a la víctima en todo el proceso. Sobre todo, trataría al anciano una vez se hubiera terminado la situación de abuso, una opción que actualmente no se contempla, según Tabueña.

Mercè Tabueña pone como ejemplo la National Center on Elder Abuse, organización norteamericana presente en todos los estados que goza de magníficas conexiones con todas las estructuras del entorno –la banca, la policía, etc.

En otros países europeos también existen instituciones especializadas como la Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées en Bélgica o la Asociación Finlandesa de Albergues para la Gente Mayor en Finlandia.

Sin teléfono de atención especializada

En nuestro país tampoco existe un teléfono de atención especializada, prestación que sí encontramos en otros países como por ejemplo Alemania. En el país teutón disponen de hasta 17 líneas regionales destinadas a atender a los ancianos en materia de malos tratos.

Aunque nuestra sociedad se empieza a mover respeto a los abusos de este colectivo, si nos comparamos con otros países, aún nos queda mucho camino por recorrer. Todavía nos encontramos en la fase de reconocimiento y sensibilización del fenómeno.