Exiliados cannábicos

Se acabaron los malos humos en la Asociación Cultural Canábica HTC. Para el Ayuntamiento de Barcelona, la extinción viene impuesta porque la salida de vapores residuales del local va por la fachada y no por el techo, incumpliendo la normativa. Para la entidad presidida por David Oriol Mora, el cese de la humareda se relaciona con el fin del «atropello y el maltrato» administrativo del que creen haber sido víctimas. Un vaho que se torna más denso con una segunda objeción de la autoridad: la irregularidad de la altura del techo del local, situado en la calle de Vistalegre. «Mide 2,5 metros y debería tener 20 centímetros más», añade.

El tufo que acabó de hacer insoportable la estancia de los más de 700 socios del club fue «el plazo de 48 horas» que la Administración municipal les concedió. «¿Cómo vas a elevar todo el techo y modificar los conductos de humos en dos días y con tanta gente de vacaciones?», se lamenta. Lo hace mientras recoge los bártulos del local, indignado por la «incomprensión» consistorial. Pero a la vez aliviado al saber que la asociación tiene un futuro. Se mudan a otro local. Pero que no les busquen en Barcelona ciudad. No de momento. Desengañados, optan por un exilio cannábico al Baix Llobregat.

«Esta mañana [por ayer] he ido al Ayuntamiento de Cornellà y nos confirman que el local que hemos elegido cumple los requisitos», explica. Se trata de un antiguo restaurante en el barrio de Gavarra, garantizando que la extracción de humos está normalizada. «El techo tampoco es problema», concreta. Tampoco creía tener inconvenientes la entidad cuando hace mes y medio la Guàrdia Urbana inspeccionó las instalaciones. Mora consideraba que debían primar las garantías de que las actividades se realizaban con control y rigor. «Para ser miembro te debe avalar un socio, presentar certificación médica si consumes cannabis por un tratamiento paliativo o un documento que acredite que eres consumidor: es decir, una multa», relata el presidente. También se aplican otros filtros, como un límite de 40 gramos por persona al mes, para «evitar especulaciones».

Desde la asociación pensaban que ellos no estarían en el centro de la diana de las administraciones, que la criba se encaminaría a centros con actividades controvertidas. «La mayoría de asociaciones  somos responsables, pero hay un 20% que son un peligro, que explotan el turismo cannábico y tienen un innegable afán de lucro», expone Mora. Y habla de «webs, cuñas de radio y flyers» que tienen como destinatario al visitante, incluso al menor.

Tapadera para mafias

«Hay socios que antes iban a otros locales hasta que vieron que vendían coca, MDMA y alcohol sin preguntar la edad siquiera», relata.  Clubs que cobijan a «mafias» que aprovechan el limbo legal «para blanquear dinero» y enriquecerse. «Estos no van de trapicheo», dice.

Por eso le chirría que las trabas sean burocráticas, justo al año de recibir el aval de la autoridad. Y en agosto, «a mala intención», por lo que no descarta «intereses ocultos», sin querer precisar más. Tampoco quiere mirar atrás. Por el momento, mientras no haya una regulación clara, prefiere dar por apagada la etapa barcelonesa y se apresta a prender una nueva, en Cornellà, y sin malos humos.