CRECIENTE FRACTURA SOCIAL
Europa alerta de que los recortes podan derechos en España
Las medidas de austeridad impuestas en España a raíz de la crisis económica y financiera han llevado a un "aumento creciente de la fractura social" y a un retroceso en materia de derechos fundamentales, según alerta un informe encargado por la comisión de libertades civiles de la Eurocámara. El documento, que analiza el impacto que han tenido los recortes de los presupuestos públicos en ámbitos como la educación, la sanidad, el trabajo o el acceso a la justicia, recomienda al Gobierno español que tenga en cuenta el principio de igualdad en su estrategia económica para combatir de forma efectiva la injusticia social.
El estudio se hace eco del impacto de las tasas judiciales en la rebaja del derecho de acceso a la justicia (impuestas por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a personas y sociedades, y recién retiradas solo a las personas por su sucesor, Rafael Catalán). También pide al Gobierno que promueva un consenso con la oposición para garantizar legalmente un sistema de ayudas sociales que den mejor apoyo a las familias con hijos, en particular en forma de comidas y libros en las escuelas, y recuerda la propuesta del anterior comisario europeo de empleo sobre el establecimiento de un contrato único y la necesidad de reducir la segmentación laboral.
Educación y sanidad
En materia de educación, el informe constata que la larga batería de medidas adoptadas por el Gobierno central y los autonómicos desde el inicio de la crisis (recorte de salario de profesores, aumento del número de estudiantes por docente, reducción de los presupuestos...) podría llevar a una reducción de la igualdad en el sistema educativo y también de su calidad. "Se trata de una gran preocupación porque podría afectar negaticamente el desarrollo económico y social del país a largo plazo", avisa el dictamen. Y lo mismo ocurre con la sanidad, capítulo en el que alerta de las diferencias de servicios entre comunidades autónomas y del riesgo de tener a grandes sectores de la población sin cobertura sanitaria, especialmente aquellos con menores ingresos y en riesgo de exclusión.
El documento también hace hincapié en la reducción registrada en la cuantía de las pensiones, como consecuencia de la última reforma del 2014 y que habría afectado al poder adquisitivo de los pensionistas, y recuerda que el número de parados se ha cuadruplicado en España. El análisis apunta especialmente a las repercusiones de la reforma laboral del 2012 adoptada en aplicación del programa de rescate bancario que ha reducido "los costes de despido" y originado un "doloroso impacto sobre los trabajadores y sus familias, en particular en los trabajadores peor pagados y con mayor riesgo de problemas económicos".
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