Europa amenaza con recurrir el dragado del Guadalquivir

La Comisión Europea se suma ahora a las voces que piden suspender el proyecto de dragado de río Guadalquivir en su canal de navegación por las graves repercusiones en la biodiversidad del espacio protegido de Doñana. A instancias de los ecologistas, la UE abrió un procedimiento de infracción contra España en octubre del 2013 que ahora se ha concretado en un dictamen motivado al que el Gobierno deberá responder en dos meses, y si la respuesta no es satisfactoria, el caso puede acabar ante el Tribunal de Justicia Europeo.

El dictamen conocido ayer es la segunda fase del proceso de infracción, y en él se insta a las autoridades a adoptar medidas correctivas porque se entiende que España no ha examinado en detalle, como exige la norma europea, el impacto medioambiental del dragado del último tramo del río Guadalquivir y, en particular, los efectos negativos en Doñana y otros espacios protegidos. El informe de la UE es claro, y pide a España «prudencia» en la modernización del acceso marítimo al puerto de Sevilla ante los informes científicos que alertan de ese daño.

Es precisamente la Autoridad Portuaria de Sevilla quien impulsa desde hace ya tres lustros el dragado del río en un proyecto para permitir la llegada de barcos de grandes dimensiones. Parte de la obra, que cuenta con fondos europeos, ya se ha ejecutado, como es el caso de la esclusa. Pero las discrepancias surgen en cuanto al dragado del canal de navegación y los sistemas de protección previstos para no dañar las márgenes del río y alterar el equilibrio natural del humedal de Doñana con la entrada de agua salada.

Ahora, la UE recuerda que la directiva sobre hábitats permite proyectos aún con declaración de impacto ambiental negativa (la del dragado es positiva) si hay un interés público mayor, pero a cambio deben incluir medidas compensatorias y soluciones alternativas que aquí no aparecen.

No es el primer varapalo que recibe el dragado. Hace escasas semanas, el Tribunal Supremo fallaba en contra del dragado y anulaba su inclusión en el Plan Hidrológico del Guadalquivir por contradecir los objetivos de mantener en buen estado el río. Los ecologistas de WWF, instigadores de ambos procesos, apuntaron ayer que el expediente «es el último clavo del ataúd» de un proyecto «socialmente injusto, ambientalmente insostenible y económicamente desastroso».