La Eurocámara reprocha a España la "intolerable" cifra de desahucios

Desde el inicio de la crisis económica más de 100.000 familias han perdido el hogar en España, país en el que se han registrado casi 400.000 desahucios de todo tipo, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Algunos de estos casos y las dramáticas historias que esconden consiguieron llegar a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y de ahí al pleno de Estrasburgo, que en una resolución calificó ayer de «intolerable» el número de desahucios que se producen en el Estado español.

El texto, aprobado con 383 votos a favor, 266 en contra y 10 abstenciones, pide a las autoridades españolas que utilicen los instrumentos a su alcance para encontrar una «solución global que permita reducir de forma drástica el número intolerable de desahucios». Además, urge a la Comisión Europea a verificar que el Gobierno de Mariano Rajoy respeta plenamente la nueva normativa europea sobre préstamos hipotecarios para evitar abusos de la banca. Y alerta de que el código de buenas prácticas para la reestructuración de deudas hipotecarias ha sido «mayoritariamente ignorado» por las entidades bancarias españolas debido esencialmente a su carácter voluntario. Esto significa que ha tenido efectos «muy limitados» a la hora de impedir desahucios o hacer efectiva la dación en pago ya que los requisitos de admisibilidad descalifican al 80% de los afectados.

VERIFICACIÓN / «Recibimos muchas comunicaciones denunciando la violación de derechos fundamentales e infracciones de la legislación de la UE relativa a la información al consumidor sobre las prácticas de la banca hipotecaria», explicaba la presidenta de la comisión de peticiones, la liberal sueca Cecilia Wikström, sobre los motivos que impulsaron a una resolución nacida esencialmente de quejas españolas. A ojos de la Comisión Europea los cambios introducidos por el Gobierno español van en la buena dirección pero admite la difícil situación que atraviesan muchos consumidores españoles y, sobre todo, que todavía es necesario verificar si las nuevas reglas son conformes a la directiva europea sobre condiciones contractuales. «Estamos analizando la respuesta de las autoridades españolas recibida en junio y consideraremos nuevas medidas si la respuesta no es satisfactoria», aseguró la comisaria de justicia, Vera Jourová, durante un breve debate celebrado el lunes en el que anunció la presentación en el 2016 de una nueva propuesta sobre insolvencia que también cubrirá a personas privadas.

Prácticamente todos los eurodiputados que intervinieron lo hicieron para criticar la legislación española y la mala trasposición de la normativa comunitaria. «Es cierto que el Gobierno de España ha introducido 12 modificaciones legislativas pero todas ellas parciales y con una clara voluntad de que parezca que algo cambia para que no cambie absolutamente nada», se quejaba la socialista Soledad Cabezón. «La falta de protección de los consumidores es escandalosa e incluso delictiva», denunciaba Josep Maria Terricabras (ERC) pidiendo la aplicación generalizada de la dación en pago. «Hay incumplimientos y tienen pruebas. Actúen», exigía Ernest Urtasun (ICV).

LA DEFENSA DEL PP / No hubo muchos que defendieran una postura contraria. Entre ellos estuvieron los eurodiputados del PP, que acusaron a la izquierda de electoralismo. «Este debate no tendría que estar produciéndose aquí y no solo porque es fundamentalmente es un tema nacional», señalaba Gabriel Mato. «No conviertan este debate en un debate electoralista», pedía Rosa Estarás.

Aunque se trata de una resolución no vinculante no es la primera vez que desde instancias europeas se abronca a España por esta cuestión. Algo más que reprimendas fueron las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE dictaminando que tanto la ley española de desahucios como la reforma de esta vulneraban la normativa europea.