El euro sanitario es catalán

El próximo día 23 debe entrar en vigor el llamado euro por receta que aprobó legítimamente el Parlament de Catalunya en el marco de la ley de presupuestos de este año. Esta aportación del paciente, en forma de tasa, tiene todos los elementos para no constituir un impuesto sobre la enfermedad: es de un importe reducido, exceptúa a todas las personas sin recursos tanto si son pensionistas como si no lo son y, lo que es muy importante, limita el máximo anual que se puede hacer pagar a cada uno.

Que esta decisión podría levantar los celos competenciales del Estado era previsible, a pesar de haber encubierto este ingreso público bajo el eufemismo de una tasa «sobre los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora de la información» en la prescripción y dispensación de recetas. A una medida como esta, el día que se aprobó hace ya unos meses, se le podían encontrar varias razones de ser. La primera, la de tratar de frenar el consumo innecesario y caro de medicamentos en un país en el que siete de cada diez recetas se dispensaban desde hacía más de 30 años gratis gracias a la generosidad de un Estado que la hacía pagar a las comunidades autónomas.

La segundo razón es la de contribuir a lograr un ingreso público adicional, aunque bastante modesto y quizá temporal, similar al que aplica también un país como Francia para destinarlo al servicio público que más a menudo usamos y que es lo que pensamos que más justifica los impuestos que pagamos. Y, en tercer lugar, ejercer el derecho a la autonomía de manera más que corresponsable mediante una tasa sobre un servicio transferido que supone una mayor carga para los catalanes, rascándose el bolsillo en un sobreesfuerzo en favor de la sanidad pública más allá de lo que están dispuestos a hacer los demás.

Empujado por esta medida aprobada en Catalunya, en otro viernes oscuro, el Gobierno del Estado hizo lo que no se había hecho en 30 años mediante uno de los real-decreto ley con más impacto social y menos explicado a los ciudadanos. El RDL 16/2012 terminó, entre otras cosas, con la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas y la limitó solo a las personas con pocos recursos, haciendo pagar un 10% del precio con un límite máximo mensual de 8, 18 o 60 euros en función de la renta.

Esta medida se prevé que se empiece a aplicar el 1 de julio en toda España, aunque con muchas dificultades prácticas por culpa de la terquedad de querer llevar la renta a la tarjeta sanitaria.

La reforma del copago farmacéutico del Estado era urgente y, a pesar de las deficiencias, la tasa catalana ya estaría justificada aunque solo fuera por haber servido para precipitar el cambio. Ahora bien, hecho el cambio estatal, el euro por receta ya no se puede amparar en la voluntad de reducir los incentivos al sobreconsumo favorecido por la gratuidad. Hay que decirlo claro, en estos momentos solo se justifica para recaudar un poco más.

Pero, visto el monumental desbarajuste financiero en que vivimos, eso ahora es poco cuestionable yendo como va en favor de la sanidad pública. Este euro es catalán, y el coste político de la medida lo soporta de manera corresponsable el Gobierno catalán; los votantes le pasarán cuentas en su momento si hace un mal uso. ¿Quieren ahora también prohibirnos aportar el dinero extra que estamos dispuestos a poner en la sanidad pública? ¿Y lo quieren hacer precisamente aquellos que nos deben dinero?