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Ciudadanos encarcelados en el extranjero

Españoles (presos) en el mundo

2.400 cumplen condena fuera del país y solo 100 son repatriados al año

Carromero logró en dos meses una medida que suele llevar dos años

Sábado, 19 de enero del 2013 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
PATRICIA MARTÍN
MADRID

En torno a 2.400 españoles están encarcelados en el extranjero, en muchos casos en circunstancias de hacinamiento e insalubridad que distan mucho de la situación de los penales en España. Alrededor de 100 reclusos logran cada año su traslado a cárceles españolas, aunque para ello tienen que esperar entre año y medio y dos años desde que solicitan esta posibilidad.

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Información publicada en la página 30 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 19 de enero de 2013 VER ARCHIVO (.PDF)

Frente a ello, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, logró su repatriación desdesde Cuba dos meses después de que su sentencia fuese firme (cuatro años por homicidio imprudente), paso imprescindible para solicitar el traslado. El caso Carromero está dentro de los márgenes de la ley pero, a la luz del trato que recibe el resto reclusos, su regreso a España ha sido cuanto menos supersónico.

Volver a España no es un derecho, sino un beneficio al que no todos pueden acogerse. Para ello, el país en el que se cumple condena y España tienen que haber firmado un convenio bilateral que permita a ambos esta posibilidad. Son muchos los estados con los que no existe un acuerdo, entre ellos Irán, Indonesia o Sudáfrica. En estos casos, la única ayuda del Gobierno español llega a través del consulado, que realiza visitas periódicas y ofrece asistencia.

UN LARGO RECORRIDO / En cuanto a los países que sí permiten la repatriación, esto no significa que sea un camino de rosas. «No es raro que si se trata de un país con condenas muy severas se oponga al traslado porque piense que en España no se cumplirá de forma íntegra», sostiene María José Moreno, responsable de la asesoría jurídica de Movimiento por la Paz, oenegé especializada en la asistencia a reclusos en el exterior.

Entre los estados con legislaciones más duras destaca Tailandia, donde la condena mínima por delitos relacionados con drogas es de 25 años. El de Tailandia y otros muchos gobiernos no distinguen entre tráfico y consumo, por lo que en estos territorios cualquier español atrapado en posesión de drogas, aunque sea con una cantidad insignificante, puede ver su vida arrojada por la borda. De hecho, el 80% de los penados en el exterior lo están por delitos relacionados con estupefacientes.

LAS EXTREMAS CONDICIONES /A esto se añade que «no existe un centro penitenciario del que no se reciban quejas», según denuncia la oenegé. Aunque, en ciertos sitios, la situación es de extrema gravedad, como en Panamá, donde los reos sufren condiciones «horribles», relata Moreno.

Volviendo al caso Carromero, desde que el dirigente de Nuevas Generaciones del PP pisó suelo español (el 29 de diciembre) hasta que consiguió reencontrarse con su familia en casa solo transcurrieron 13 días, gracias a la concesión del régimen de semilibertad. El Gobierno accedió a esta petición con el visto bueno de la cárcel de Segovia en la que fue internado. Funcionarios de este penal (pertenecientes al sindicato CSIF) consideran que «Carromero no recibió ningún trato de favor» dado que cumplía con los requisitos para la progresión de grado. Pese a ello, reconocen que el plazo fue «relativamente ágil» pero dentro de los márgenes que marca la ley, que fija un tiempo máximo de dos meses.

LAS CRÍTICAS DE LOS PARTIDOS / Si el dirigente del PP, a su llegada a Madrid, hubiese sido conducido a una cárcel con una lista de espera más amplía de peticiones de tercer grado, quizá no habría corrido la misma suerte. Por todo ello, el PSOE ha pedido la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para que explique «la celeridad en la tramitación del tercer grado» y «la rapidez» con que el Ayuntamiento de Madrid mostró su disposición a que Carromero se reincorpore a su trabajo de asesor, así como que pudiera recibir la visita de la líder del PP madrileño Esperanza Aguirre. «El Gobierno debe ser consciente de que se está produciendo en la opinión pública la imagen de que el caso Carromero se está tramitando con una celeridad inusitada», sostiene el PSOE.

IU va más allá y no duda de que el Gobierno ha favorecido a su simpatizante. «Lo de Carromero es un trato de favor, contrario a la justicia y al convenio bilateral para el cumplimiento de penas. Indultos y privilegios», sostuvo Gaspar Llamazares en Twitter. El PNV, por su parte, denunció que determinados dirigentes del PP han «presionado» para que Carromero acceda con «suma urgencia» a beneficios penitenciarios.

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