Diez años después del hundimiento del petrolero 'Prestige', en noviembre del 2002, frente a las costas gallegas, España se dispone a juzgar a algunos de los responsables de la mayor catástrofe ambiental del país y de las últimas décadas en Europa. El macrojuicio, para el que se ha habilitado un pabellón de la Feria de A Coruña, sentará a partir de este martes en el banquillo de los acusados al capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, junto a su jefe de máquinas y al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. El primero, supuesto causante del vertido por su negligencia, se juega los 12 años de cárcel que pide la fiscalía. El último, acusado de agravar los daños por la deficiente gestión gubernamental del accidente, los cinco años que piden algunas acusaciones particulares. Y la justicia española, evitar que quede impune un suceso que convulsionó a la sociedad y marcó el inicio del declive del 'aznarato'.

El momento del hundimiento del 'Prestige', con la proa del barco apuntando hacia el cielo, el 19 de noviembre del 2002. XURXO LOBATO

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El proceso tendrá la dimensión de las grandes ocasiones, acorde con la magnitud de la tragedia. Intervendrán 80 abogados representando a las 2.090 partes personadas y serán interrogados 137 testigos y 97 peritos durante siete interminables meses. Entre las acusaciones figura el Estado francés, y entre los testigos, el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, el hombre a quien se atribuye el error de mandar alejar el barco a toda costa pero que logró parapetarse tras su lugarteniente López Sors, al asumir este en exclusiva la responsabilidad. El tribunal, integrado por tres magistrados de la Audiencia de A Coruña, empezará el martes con las cuestiones de procedimiento y escuchará a los acusados a partir del 13 de noviembre. Y espera poder concluir en mayo la vista oral para dictar sentencia en septiembre.

Una factura de 2.000 millones

Pese a la espectacularidad de la escenografía, ni el armador, ni el propietario de la carga, ni la empresa certificadora que dio el visto bueno para que el buque navegara subirán al estrado, aunque eran los responsables últimos del mal estado del barco y los únicos que podrían afrontar el pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil, que en un cálculo provisional de la fiscalía alcanza los 1.974 millones de euros solo para el Estado español.

De no mediar defectos de forma en el procedimiento, en medios judiciales se da por seguro que el anciano capitán sufrirá una dura sentencia condenatoria. La fiscalía solo le acusa a él, al jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos, y al primer oficial, Irineo Maloto, que se dio a la fuga y no ha podido ser localizado pese a que le fue detectada una página en Facebook. A los tres, todos originarios de un país hoy sumido en la mayor de las bancarrotas, se les imputan los delitos de desobediencia a la autoridad y daños al medioambiente agravados por los efectos en espacios protegidos.
En coherencia con la estrategia seguida por la Abogacía del Estado, la fiscalía ha eludido culpabilizar al Gobierno. Una condena a Lopez Sors como cooperador necesario comportaría que España, como responsable civil subsidiaria, tuviera que hacer frente a parte de las indemnizaciones a los particulares.

La acusación contra el Gobierno se ha mantenido por la insistencia del colectivo Nunca Mais, nacido para denunciar la desidia del Gobierno ante la catástrofe y que ahora rememorará las manifestaciones de hace diez años convocando una concentración como saludo de bienvenida a los enjuiciados. Nunca Mais no cree que una sentencia condenatoria le cueste ni un duro al Estado. "España ya ha adelantado todo el dinero y aunque condenen al capitán la indemnización nunca la pagará porque las empresas que están detrás no existen", advierte Pedro Trepat, el letrado del colectivo.