Protestas controvertidas

El 'escrache' de la PAH irrita a políticos de derecha e izquierda

Activistas de la PAH protestan en el portal del diputado del PP Antonio Gallego, en El Prat de Llobregat.

Activistas de la PAH protestan en el portal del diputado del PP Antonio Gallego, en El Prat de Llobregat.

EL PERIÓDICO
MADRID

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Si la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pretendía llamar la atención con los escraches frente a las casas de los diputados del PP, el objetivo puede darse por alcanzado. Todos los partidos y medios de comunicación se han sumado a un debate cada vez más crispado. El PSOE y CiU rechazaron ayer con firmeza que «se acose a los diputados en sus domicilios», pero también que se vincule a la plataforma con el entorno de ETA, como hizo el lunes la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Y el PP, lejos de desautorizar a esta, la arropó ayer con declaraciones de varios dirigentes.

El más moderado de ellos fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien evitó respaldar explícitamente a Cifuentes, pero opinó que «no es democrático ni justo ni propio de un país serio que se acose a los diputados en su casa y se empapelen las paredes con carteles con su cara. Es profundamente antidemocrático. Tengo que decirlo y actuar en consecuencia».

Mucho más vehemente fue el líder del PP en Euskadi, Antoni Basagoiti: «No se ve ninguna diferencia ni en los gritos, ni en la actitud, ni en el fondo, entre los que venían del mundo de ETA a acosarnos y los que van ahora con la excusa de las hipotecas a acosar a los del PP». Basagoiti aún fue más allá al comparar a los activistas con los nazis cuando «actuaban contra los judíos, señalándolos en la puerta».

Para el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, la PAH «alienta a una izquierda radical» que «coquetea con grupos próximos al terrorismo». Otros dirigentes del PP, como la líder en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, afirmaron que se «habían malinterpretado» las palabras de Cifuentes sin aclarar en qué.

El PSOE y CiU intentan mantener la equidistancia sin dejar de condenar lo que también califican de acoso. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, opinó que «una cosa es clamar contra los políticos y otra es acosarlos» y añadió que el límite debe ser «la democracia misma». Una reflexión que, según Homs, vale tanto para la PAH como «para las declaraciones nada afortunadas de la delegada del Gobierno en Madrid».

La número dos del PSOE, Elena Valenciano, dijo que no tolera «ni el acoso a los diputados, ni la criminalización de los movimientos ciudadanos». «El PP considera peligroso, radical y de izquierdas a todo aquel que le lleva la contraria», criticó, tras culpar a «grupos minoritarios» que se ocultan tras estos movimientos de provocar las situaciones «violentas o acosadoras».

Izquierda Plural se desmarcó de las críticas al escrache. Su diputado Joan Coscubiela subrayó que quienes sufren «de verdad» con los desahucios son las familias que pierden sus viviendas y afirmó que su grupo no contribuirá al «desvío de atención» que, a su juicio, busca el PP denunciando casos de acoso.

EN MANOS DE LA JUSTICIA / La primera denuncia de un diputado popular, presentada la semana pasada por Esteban González Pons, está ya en manos del juez, que investigará si hubo un delito de coacciones. Pons sostiene que aporrearon la puerta de su vivienda en Valencia durante 45 minutos y profirieron insultos cuando en la casa solo estaban sus hijos. La PAH replica que solo llamaron dos veces para dejar una carta. El PP informó de que al menos ocho de sus diputados han sufrido «acoso» y cuatro ya lo han denunciado, mientras estudia una demanda colectiva.

Stop Desahucios Bizkaia anunció acciones legales contra Cifuentes, si no rectifica las declaraciones en las que «criminalizó» al colectivo al vincularlo a ETA por participar en una manifestación a favor del acercamiento de los presos.