DEBATE SOBRE LA ASISTENCIA A LOS MÁS NECESITADOS

Entidades y oposición piden revisar la reforma de la RMI

Una oficina de Treball, durante el periodo de entrevistas a titulares de la renta mínima para detectar el fraude.

Una oficina de Treball, durante el periodo de entrevistas a titulares de la renta mínima para detectar el fraude.

TONI SUST
BARCELONA

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Ha pasado más de medio año desde que elconsellerde Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, sembró la duda sobre los titulares de la renta mínima de inserción (RMI) y el Govern impuso una reforma drástica para recortar el gasto. Mena transmitió la sensación de que el fraude era la norma, algo que no se ha demostrado. Siete meses después hay 6.000 titulares menos de la RMI, pero no hay menos pobres. Y el presupuesto para el 2012, 100 millones de euros (el del 2011 fue de 170 millones), solo garantiza los pagos hasta septiembre. Las entidades sociales y la oposición muestran su inquietud por el futuro de la prestación y exigen que se mantenga o que cuente con una alternativa para atender a los más necesitados.

«La RMI es el último cojín para la gente, para salir de la exclusión social. El último escalón que se creó cuando gobernaba Jordi Pujol, en consenso con el resto de partidos y los sindicatos. Ahora CiU se lo está cargando», afirma la diputada del PSC en el Parlament Eva Granados. «No es una cuestión de dinero, sino de que no hay voluntad política de luchar contra la exclusión social. La del Govern es una política social de calculadora. A medio y largo plazo, lo que se hace ahora, gastar menos, será más caro». Granados advierte de que están los que sí podrían encontrar un puesto de trabajo, pero la Generalitat, dice, no hace nada para fomentar la ocupación.

En una línea similar, el diputado de ERC Oriol Amorós critica «la voluntad de gastar menos en quien más necesita. No estamos de acuerdo con un enfoque contable». Amorós, como Granados, destaca que el coste de la RMI es reducido -0,3% del presupuesto-, y ambos agregan que el número de personas en necesidad crece. La diputada de ICV Laura Massana critica uno de los ejes de la reforma de la RMI: que se acabe con su universalidad y se supedite a un presupuesto cerrado. «Por simular que una parte de la ciudadanía no existe, no desaparecerá», dice, y apunta a una prestación alternativa.

COMO EN SEPTIEMBRE/ En septiembre, las entidades alertaron de la necesidad de buscar una alternativa a la RMI para los que se quedaban sin nada. La presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), Teresa Crespo, afirma que siguen en esa posición: «ECAS pide una alternativa. O un nuevo programa complementario, o diferenciar a quienes pueden ser reinsertables laboralmente de quienes no, y plantear para estos últimos una renta básica. Lo que no puede ser es que nos limitemos a decir cuántos quedan excluidos». También Marta García, de la entidad Tres Turons, que atiende a personas con enfermedades mentales, advierte de que hay personas que no pueden ser inseridas laboralmente.

Entretanto, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha empezado a revisar las 800 quejas recibidas por la RMI. El Col·legi de Treballadors Socials se ofreció a ayudar en esta revisión. Su presidenta, Núria Carrera, se muestra crítica con Mena y aboga por que Benestar controle en solitario toda la gestión del antiguopirmi.