Ensenyament reclama que el registro de delincuentes sexuales sea público

Es una lacra que no cesa. Hasta 26 expedientes tiene abiertos en estos momentos la Conselleria d'Ensenyament (de los que 21 corresponden a docentes de la escuela pública y los otros cinco, de la concertada) por casos de abusos sexuales cometidos contra menores en centros educativos. En todos ellos el denunciado es un profesor o un trabajador que desempeña labores en contacto directo con los niños. "Y lo único que se puede hacer en estas situaciones es apartar al denunciado de sus funciones durante un máximo de tres meses, un plazo que es casi siempre insuficiente para que se resuelva el caso judicialmente", ha lamentado este martes la 'consellera' Meritxell Ruiz.

Ruiz, que ha comparecido en la comisión de Educación del Parlament para explicar cómo se está aplicando el protocolo contra abusos reformado este 2016 a raíz de los casos de pederastia en los colegios de los Maristas de Barcelona desvelados por este diario, ha explicado que, pese a todo, quedan algunos flecos que sobrepasan las competencias de su departamento y que requerirían de reformas legales o de la adhesión de las autoridades judiciales. Por ello, ha anunciado, la semana que viene se reunirá con la Fiscalía de Catalunya para hacerle partícipe de las "limitaciones" que ha detectado en el sistema para combatir los abusos en los centros educativos.

AMPLIAR LA PRESCRIPCIÓN Y LAS MEDIDAS CAUTELARES

Una de las medidas que reclama Ensenyament es que el registro de delincuentes sexuales que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia "sea de carácter público", ha dicho la 'consellera'. Solo así se podrá intervenir de forma ágil contra los sospechosos de pederastia. De hecho, aunque ha sido muy controvertida, la medida funciona ya en otros países.

Ruiz se ha sumado a la petición, formulada la semana pasada por el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, de que se amplíe la prescripción del delito de abusos sexuales. Mundó se ha inspirado, en este caso, en el modelo alemán, país en el que la prescripción se cumple a los 20 años de la comisión del delito, pero que empiezan a contar desde que la víctima cumple los 30, lo que significa que el delito no prescribe hasta que la víctima tiene 50 años. 

La titular de Ensenyament ha expresado la indefensión con que se encuentran ante las denuncias contra maestros sospechosos y pedirá a los fiscales que soliciten la aplicación de medidas cautelares si se demuestran evidencias en una investigación. "Ahora, solo podemos separarlos de su puesto de trabajo durante tres meses y lo hacemos aplicando el estatuto básico de los trabajadores", ha explicado Ruiz. Asimismo la 'consellera' ha reclamado que las sentencias por pederastia expliciten la inhabilitación para ejercer la docencia.