En el conocido frontispicio de la primera edición del Leviatán de Thomas Hobbes (1651), la figura del poder se representa blandiendo una espada, junto con la alegoría de los individuos que acceden al cuerpo político. Los ciudadanos otorgan al poder la legitimidad del ejercicio de la violencia, estableciendo uno de los momentos fundacionales para el sistema democrático. Pero Hobbes también nos alerta de la pulsión represiva del poder, que en ocasiones parece justificarse pero en otras no. La actuación policial en las manifestaciones estudiantiles de Valencia vuelve a situarnos ante el permanente dilema del ejercicio de la violencia legitimada. En este caso se vuelve a hablar en términos de proporcionalidad respecto de su uso y las condiciones que la motivaron. Y, como ha sido habitual en otras ocasiones ante la polémica suscitada, parece ser que tal proporcionalidad deberá ser determinada en última instancia por la autoridad judicial.

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Pero existe otra forma de autoridad, como es la que proviene del estupor social que genera la exposición de las imágenes de violencia recogidas por los medios de comunicación, que a pesar de incompletas y fragmentadas, acaban siendo utilizadas para reconstruir el relato de los hechos. Aun consignando su determinante función social, las fuerzas de seguridad siempre verán cuestionada su actuación, ya sea por exceso o por defecto. Y aquello que parece ser legitimado por la ley acaba siendo traicionado por determinadas formas de interpretar el orden social como si se tratase de una simple cuestión de orden público.

Las poco afortunadas declaraciones del jefe superior de Policía de Valencia, utilizando el apelativo de «enemigos» para referirse a aquellos manifestantes que fueron objeto de la actuación policial, es un ejemplo de esta confusión. También lo es el mutismo de la responsable política, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que con su silencio dio por bueno este tosco recurso a un lenguaje de confrontación. De la misma manera, los argumentos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apelando a nuestra libertad amenazada nos sitúan en otro plano. Tras estos actos y declaraciones quizá subyace una profunda incomodidad ante el hecho de ver cómo el espacio público ha dejado de ser un escenario anodino donde pasearse y consumir, para sar un lugar de reclamación y crítica activa.

Nuevos pánicos morales son construidos para confundir orden social con orden público. Viejos términos para nuevos tiempos: agitadores, rebeldes, contestatarios, ya sean jóvenes o jubilados, funcionarios o desempleados, estudiantes o maestros. Todos parecen venir a representar las nuevas figuras de una amenaza incívica, cuando en realidad lo que expresan es su oposición al indigno proceso de formateo y sumisión ciudadana que nos exige la crisis económica.

Las conciencias andan revueltas, y nuestra clase dirigente haría bien en comprender que estas no pueden ser pacificadas apelando a violencias legitimadas. Es el primer paso para hacer perder la confianza ciudadana ante los cuerpos de seguridad.