Un embargo en Salt pone a prueba la sentencia europea sobre la ley hipotecaria

Los juzgados de Girona han sido el escenario del primer encontronazo entre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la justicia a raíz de sus diferentes interpretaciones respecto a la manera de aplicar la sentencia del Tribunal Europeo sobre la ley hipotecaria española.

Un grupo de miembros de la PAH se ha presentado sobre las 10 de la mañana en el juzgado de primera instancia número 5 de Girona para intentar suspender la subasta de un piso por el impago de la hipoteca. Los activistas han acompañado en este trámite a Mohammed Tanja, un gambiano de 30 años que vive con su esposa y dos hijos de 3 y 5 años en la calle Àngel Guimerà de Salt.

Durante el trámite judicial se han producido escenas de tensión, ya que el secretario judicial ha pedido a los Mossos que desalojaran a algunos miembros de la plataforma que habían entrado en su despacho para asistir al acto de subasta. Tras el desalojo, los agentes han permanecido ante la puerta del juzgado para evitar posibles incidentes.

Sin abogado

Los miembros de la PAH pretendían que el abogado de oficio de Tanja presentara un escrito al juzgado solicitando la paralización de la subasta argumentando que se trataba de un caso de indefensión ante las claúsulas abusivas de la hipoteca que había firmado su cliente. Un recurso legal que ha obligado a introducir en la normativa española la sentencia del Tribunal Europeo divulgada ayer.

La sorpresa de los activistas ha sido mayúscula al comprobar que el letrado no había acudido al juzgado para acompañar a su cliente en la subasta. Tras contactar con él por vía telefónica, el abogado les ha explicado que estaba atendiendo otro caso y que la subasta no se podía paralizar, por lo que es habitual que los letrados tampoco asistan a ellas.

A pesar de las protestas de la PAH, la subasta se ha llevado a cabo y el piso ha sido adjudicado a Bankia, que es la entidad que concedió el préstamo para su adquisición, por el valor del 60% de su tasación. Tanja ha explicado que el inmueble le costó 125.000 euros hace 10 años. “Tenía una hipoteca de 600 euros al mes pero me quedé en el paro y desce hace un año y medio no pagaba”, ha explicado. Ahora, tras sumar los intereses de demora, los costes del proceso judicial y la parte que le queda por pagar de la hipoteca, tiene una deuda con la entidad bancaria que asciende a 123.000 euros.

Diferentes interpretaciones

El decano de los jueces de Girona, Hugo Novales, ha explicado que la sentencia europea no es “rompedora” y lo único que cambia es que a partir de ahora las personas afectadas por un proceso de embargo podrán pedir al juez la paralización de los procesos de ejecución para que este estudie si se ha producido un caso de indefensión  por cláusulas abusivas de las hipotecas.

“Pero esto no es automático ni inmendiato y los jueces no tienen margen para hacerlo de oficio, sino que tiene que solicitarse a través de una demanda civil que ha de interponer el abogado de los afectados”, ha afirmado. Una interpretación muy distinta de la que hace la PAH, que considera que  la sentencia europea permite paralizar todos los procesos que están en marcha. "El secretario judicial ha dicho que si el abogado hubiera presentado hoy el escrito se prodría haber paralizado la subasta", ha asegurado la portavoz de la PAH, Marta Afuera

En todo caso, Mohammed Tanja dispone a partir de ahora de 20 días para recurrir la adjudicación de su piso a Bankia