¿Y el año que viene qué?

Aunque la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) prevé que este sea el último año de selectividad, a la que sustituirán unos exámenes de reválida, todavía no está claro qué ocurrirá el año que viene. El decreto ministerial que ha de determinar cómo será la nueva prueba está aún pendiente de aprobación, entre otras razones porque el gobierno central lleva en funciones más de seis meses y porque una mayoría de comunidades autónomas son contrarias a la propuesta.

Los únicos que han avanzado algo en la cuestión son los rectores universitarios, que el pasado abril acordaron con el Ministerio de Educación la realización de una prueba de características muy similares a la actual. La gran diferencia estribará en que, al tener carácter de reválida, los estudiantes que la suspendan no solo no podrán acceder a la universidad, sino que tampoco obtendrán el título de bachiller. Además, los contenidos de los exámenes ahora fijados por cada autonomía pasarán a ser decididos por Madrid, según el pacto alcanzado con el ministro Íñigo Méndez de Vigo. Las autonomías confeccionarán los cuestionarios, pero siempre en función de los temarios dictados por el ministerio.

“Parece como si hubiera cierta añoranza a los filtros que se imponían décadas atrás”, lamenta el vicerrector de Ordenación Académica de la Universitat de Vic, Pere Quer. “En lugar de eso -agrega-, el sistema tendría que estar orientado a las competencias profesionales, que es hacia donde van todos los países”.

LA MISMA PARA TODA ESPAÑA

Las universidades catalanas, que inicialmente habían acordado organizar sus propios exámenes, han desistido de momento a hacerlos. “Cerraría puertas a la entrada de alumnos del resto de España”, argumentaban tres responsables de campus catalanes en una conversación informal con este diario, tras una asamblea de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). También renuncian a la posibilidad que les brinda la LOMCE de que cada universidad realice una prueba propia de acceso, un punto en el que todavía no hay consenso en toda España.

El problema, advierten los expertos, es que la reválida (que en el 2017 no tendrá aún efectos académicos), “no eliminará el carácter instructivo del último curso de bachillerato”. Además, agregan, supone  una homogeneización centralizadora de la enseñanza. “En este nuevo marco, quedará pendiente de resolver la capacidad del sistema educativo para orientar adecuadamente a los jóvenes”, advierten.