Dos mossos se sentarán en el banquillo de los acusados por agredir a un antifacista

Dos Mossos d’Esquadra se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 17 y 18 de octubre por un delito de lesiones cometido al empujar y golpear con sus porras a un joven que había intentado quitar una bandera española a un hombre que se acercó el 12 de octubre del 2012 a una manifestación antifascista. Tanto el fiscal como la acusación particular solicitan para los dos agentes cinco años de prisión e inhabilitación, así como la prohibición de que se acerquen a la víctima, domicilio o lugar de trabajo a una distancia inferior a los 500 metros. El jucio se celebrará en la Audiencia de Barcelona.

Los dos mossos se encontraban de servicio ese 12 de octubre en la plaza de Universidad en Barcelona, donde diversos colectivos habían convocado una manifestación antifascista contraria a otra concentración de signo opuesto que se celebraba en la cercana plaza de Catalunya para conmemorar el Día de la Hispanidad.

Uno de los manifestantes que celebraba el Día de la Hispanidad en vez de dirigirse hacia la plaza de Catalunya se acercó a los congregados antifascistas en la plaza de Universitat llevando una bandera española. Esta acción provocó la animadversión de los concentrados y Pau A. P., de 22 años, intentó quitarle a esa persona la enseña.

GOLPEADO EN EL SUELO

Fue entonces, según el relato de la fiscalía en su escrito de acusación, cuando unos de los mossos acusados le dieron un empujón. El joven cayó al suelo, ante lo que los agentes, “puesto de común e instantáneo acuerdo” y con “ánimo de dañar la integridad corporal ajena”, golpearon “repetidamente con sus porras reglamentarias la cabeza y las piernas de la víctima”.

Como consecuencia de los golpes recibidos, Pau A. P. sufrió una hemorragia macular severa y contusiones diversas y ha acabando perdiendo el 10% de su agudeza visual en su ojo izquierdo. Después de agredirlo, los mossos acusados detuvieron al joven por un delito de desórdenes públicos.

El fiscal califica los hechos como un delito de lesiones, aunque a su entender, concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad. La acusación pública reclama no solo la pena de cinco años de prisión, sino el pago al herido con 10.063 euros por las lesiones sufridas. La Generalitat figura en el procedimiento como responsable civil subsidiario. Es decir, en el caso de que los acusados no puedan hacer frente a esa cuantía, lo haría la Administración catalana. La acusación particular, que ejerce el abogado Eduardo Cáliz, reclama la misma pena de prisión para los agentes y una indemnización de 16.895 euros.