El Gobierno central ha presentado una nueva propuesta de ley de educación (¡y ya llevamos siete!). Habría que saber en qué análisis se apoya la reforma propuesta. Seguro que nuestro sistema educativo tiene carencias importantes en cuanto a sus resultados, porque España y Catalunya presentan aún déficits importantes en algunos aspectos fundamentales, uno de ellos el abandono de estudios. No entraré en las propuestas que hace el Gobierno respecto de esta cuestión: reforma del final de la ESO y cambios en la Formación Profesional. Solo dejar constancia de que nuestra sociedad presenta un déficit importante en este terreno y que será bueno analizar las propuestas que se hagan. Siempre, naturalmente, que tengan en cuenta la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

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Información publicada en la página 4 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 22 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Pero no pienso lo mismo de un grupo de propuestas que acompañan a las anteriores. No parece que se desprendan de un análisis de los problemas sociales que tiene la educación, sino más bien de una decisión ideológica de carácter extraeducativo, por no decir de carácter político. Pero esto, en realidad, va más allá de la política y entra en el terreno de las obsesiones reiteradas de nuestra derecha española.

Lo que nos propone este ministro con respecto a la recentralización del currículo, el incremento de la fijación de los «contenidos» por parte el Estado, es una barbaridad política y pedagógica. ¿En qué mundo vive? ¿Con qué solvencia habla? Cualquier iniciativa internacional de éxito está pasando precisamente por abrir los currículos, imponer menos prescripciones, hablar más de objetivos y de adquisición de competencias, flexibilizar. ¿Nadie le ha dicho lo que son las competencias básicas? ¿Nadie le ha comentado en qué consisten las pruebas PISA de las que incluso él habla? Nos debería explicar claramente qué objetivo persigue su propuesta, a menos que solo sea la obsesión uniformizadora que presenta el Gobierno español (y no solo en educación). Solo podemos entenderla desde la voluntad de arrebatarnos competencias sin pensar en lo que es bueno para la educación de los ciudadanos del país.

Al mismo tiempo, el ministro hace una propuesta de «reválidas» que tampoco parece que tenga explicación razonada desde el punto de vista pedagógico. Es importante evaluar, sí. Necesitamos saber si los alumnos saben, si aprenden lo que les enseñamos. Es importante que los maestros y profesores que deben evaluar a sus alumnos tengan un contraste con lo que les pueda decir una prueba externa. Es importante que la sociedad sepa si la escuela cumple su papel, al menos en la parte de los conocimientos. Es nocivo presentar la evaluación como una carrera de obstáculos para el alumno. Es otra barbaridad plantear la evaluación sin la necesaria cooperación con las comunidades autónomas, con los centros y con los responsables educativos. En resumen, es pura caspa. O es mala baba. Porque quien examina controla lo que se enseña y controla lo que se aprende, y en esta nueva situación el Govern de Catalunya perdería el control de lo que se enseña en sus centros.

Si, además, todo esto lo ponemos en el contexto general de lo que está pasando en las relaciones entre Catalunya y España, la propuesta pasa a convertirse hoy en pura provocación. Un retroceso en calidad de la educación y un retroceso en autogobierno.