POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

La CE denuncia a España por la gestión de las aguas residuales

EL PERIÓDICO / BARCELONA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

España deberá comparecer ante la justicia después de que la Comisión Europea (CE) la haya denunciado por no garantizar un adecuado tratamiento de las aguas residuales urbanas en algunos municipios de Catalunya, Galicia y Andalucía. Unas carencias que suponen un riesgo para la salud pública y el entorno natural de los ríos y del medio marino, según expone Bruselas. La denuncia afecta a las poblaciones catalanas de Berga, Figueres, Banyoles, Abrera Capellades.

El Gobierno español ya recibió un aviso del Ejecutivo comunitario en referencia a esta problemática, que afecta a áreas con una población de más de 10.000 habitantes. Sin embargo, la CE considera que las denuncias no se están solucionando al ritmo más conveniente. «Los informes procedentes de las autoridades españolas indican que sigue faltando un sistema de tratamiento adecuado», expone la autoridad continental. Es el caso de Banyoles, Figueres y Berga, así como de los municipios gallegos de Pontevedra, Marín, Poio o Bueu.

La comisión considera que los informes eran incompletos o demuestran que las actuaciones no se ajustan a las demandas requeridas en Abrera y Capellades, así como en el municipio andaluz de Bollullos Par del Condado, en Huelva.

ZONAS SENSIBLES

Los estados pertenecientes a la UE tienen la obligación de acogerse a la normativa de 1991 por la que se regula el tratamiento de las aguas residuales. La norma fijaba el 31 de diciembre de 1993 como fecha límite para determinar aquellas «zonas sensibles» que precisaban un tratamiento más riguroso, como aquellas en las que se extrae agua dulce y se le da uso para el consumo humano. La normativa continental marcaba como tope el 31 de diciembre de 1998 para establecer sistemas apropiados para la recogida y tratamiento de las aguas antes de su llegada a dichas zonas.

Las autoridades comunitarias incidieron en que las aguas residuales sin tratar «pueden estar contaminadas con bacterias y virus nocivos», extremo que implica «un indudable riesgo para la salud pública». «Estas aguas, además, contienen nutrientes, como nitrógeno o fósforo, que pueden ser perjudiciales para el agua dulce y el entorno marino, favoreciendo la proliferación de algas, que pueden causar la muerte de otros organismos vivos», añaden.

Por todo ello, y a partir de la recomendación del comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, la Comisión Europea opta por remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE para que emita sentencia.