La nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado en su primera rueda prensa, poco antes de ser recibida por el Rey, que su institución redoblará la lucha contra el despilfarro de dinero público por parte de las administraciones autonómicas y locales en proyectos de dudosa rentabilidad social. Con este objetivo, según ha explicado, pedirá al Ejecutivo que la tipificación del despilfarro como delito en el Código Penal, prevista en la nueva ley de transparencia y buen gobierno, recoja que la Administración, además de no poder ocultar facturas, pueda ser penalizado el inicio de grandes proyectos con dotación presupuestaria para varias anualidades "sin hacer una cuantíficación de la rentabilidad social de su uso".

"Una administración no se puede embarcar en proyectos que van a sobrar dentro de tres años", ha proclamado. Becerril ha puesto como ejemplo la construcción de un polideportivo, cuando es menos costoso llevar a los desportistas en autobús desde unos kilómetros de distancia. "Cada vez que se emprenda una obra, sus responsables deberán preguntarse cómo va a mantenerse y qué uso social tiene", ha subrayado.

115. 000 EUROS DE SUELDO

La institución, según ha expuesto su titular, ha iniciado un periodo de recortes para ajustarse a la actual crisis con la reducción de coches oficiales y la supresión del área de protocolo, los viajes y las dietas en ellos. No obstante, las medidas solo supondrán, de momento, un ahorro del 2% de los 14 millones de presupuesto, unos 280.000 euros. Becerril ha puntualizado que su sueldo asciende a 115.000 euros. También ha explicado que hasta julio se han registrado 5.500 quejas en materia de economía y hacienda, acercándose a las casi 5.800 que se registraron en este campo durante todo el 2011.

Becerril en su primera rueda de prensa como Defensora del Pueblo. JUAN MANUEL PRATS / Madrid