Poca luz han arrojado las declaraciones que el juez que investiga los casos de niños robados ha tomado este jueves en Madrid a la exdirectora general de Asistencia Social Belén Landáburu y a la exasistente social Isabel Vega, anbas vinculadas a la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), sobre su supuesta relación con María Gómez Valbuena, conocida como sor María, por el robo de una niña en la Clínica Santa Cristina de Madrid en 1982.

María Luisa Torres (derecha) y su hija Pilar, que han denunciado a sor María, atienden a los medios, el 3 de abril. Paco Campos | EFE

A la puerta de los juzgados tras declarar, Landáburu ha expresado su “sorpresa” por haber sido citada por el juez y ha asegurado no tener “nada que ver" en este caso. "Mi única intervención en esta historia es que en 1968 participé en la creación de la AEPA. Pero jamás he firmado ningún expediente de adopción”, ha asegurado.

Vega, exasistente social de la AEPA, a quien se atribuye la firma en los documentos de adopción de la niña robada en 1982, no ha querido por su parte hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Sin progresos

Guillermo Peña, el abogado de María Luisa Torres, la madre de Pilar, la niña robada, ha explicado que en su declaración Vega ha reconocido ante el juez que trabajaba con Sor María en la AEPA, pero ha afirmado que no recuerda el caso de esta niña y que si firmó algún documento fue porque se lo pidieron. “Las declaraciones de hoy no han aportado muchos datos. Seguimos sin saber los pormenores del procedimiento de adopción y aunque se reconoce la firma de las personas que han intervenido en los documentos, nadie recuerda el caso en concreto, nadie nos aclara las contradicciones”, ha añadido.