El Periódico

"Mi hija quiere demandar a la DGAIA"

Familias que han recuperado por vía judicial a sus hijos cuentan su drama

"Mi hija quiere demandar a la DGAIA"

RICARD CUGAT

El ginecólogo Sergio Haimovich, en el hospital.

TERESA PÉREZ / BARCELONA

Domingo, 20 de noviembre del 2016 - 14:32 CET

Es la historia de David contra Goliat. David, en este caso, son Vero Santapau, Salvador Nos y Sergio Haimovich, y Goliat, la Administración catalana, concretamente la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). En los tres casos el desamparo se produjo a raíz de separaciones conflictivas de la pareja. Y todos estos menores ingresaron en centros tutelados por la DGAIA y narran numerosas penalidades.

Ellos son de los pocos casos que han podido recuperar a sus hijos después de que la Generalitat decretara un desamparo. Muchos tiran la toalla antes de reclamar a sus hijos ante un juez. Hay dos razones: falta de recursos económicos para pleitear contra la DGAIA o porque el proceso es tan doloroso, largo y frustrante que muchas familias se quedan en la cuneta.

Vero apenas ha tenido tiempo para saborear el regreso de sus hijas. Las recuperó el pasado 1 de agosto gracias a una sentencia a su favor dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona a finales del pasado mes de julio.

LARGA ESPERA

Esta madre coraje ha contado cada segundo sin ellas. "Las he esperado durante tres años y dos meses", recuerda con la voz entrecortada. "Hemos pasado un calvario, una tortura", dice. A veces, cuando va con ellas por la calle, le dan un abrazo y le dicen: "Mamá, te queremos". Las pequeñas, que cuando salieron de su casa tenían 12, 9 y 6 años, han estado ingresadas en un centro residencial de acción educativa (CRAE).

Vero cuenta así su relato: "Me dijeron que iban a estar solo dos meses argumentando que no las podía cuidar por mis problemas de salud. No era verdad: yo tenía una nueva pareja que podía ayudarme con las niñas". Ahora la madre y las niñas visitan al psicólogo para desenmarañar la pena que les corroe por la reclusión forzada.

La historia de Sergio Haimovich es especialmente dramática porque mientras este ginecólogo de un hospital público de Barcelona traía niños al mundo, la Generalitat le retiraba a los suyos. Sus hijas tienen ahora 18, 15 y 13 años. "La mayor quiere demandar a la DGAIA por daños injustificados", dice.

Sergio cuenta que su hija se ha puesto una coraza para sobrevivir. Durante el tiempo que estuvo tutelada no pudo relacionarse con su hermana pequeña, que tenía 4 años. "Les prohibieron hablar entre ellas en hebreo, les cortaron el pelo y les borraron la historia". Luchó lo indecible por recuperarlas. "No hay mayor dolor que quedarte sin tus hijas", explica. Pero lo peor fue "que la Administración no atendiera a razones y mantuviera que no se equivocaba". Haimovich se pregunta: "Si yo asumo errores en mi trabajo, ¿por qué no la DGAIA?".

Abogados, padres y entidades que defienden los intereses de la infancia critican que la Administración abone cada mes unos 4.000 euros por la estancia de cada menor en un centro tutelado y no destine esta misma cantidad para que "las familias saquen adelante a sus hijos, pero con ellos en casa", afirman.

DAÑOS MORALES

El hijo de Salvador Nos entró en el centro Santa Rosalia de Teià a los 11 años y "cumplió allí los 12", cuenta el papá. El chaval, con una claridad impropia de su edad, solo se planteó un objetivo: "¿Qué tengo que hacer para salir de aquí?", apunta Salvador. Su hijo estuvo en el centro 136 días y su historia dio origen al libro '136 dies al niu del cucut' (Ed. Acidalia), de Ceneta Pi.

Salvador y su hijo presentaron contra la Generalitat una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños morales debido a la "resolución administrativa" dictada por la DGAIA que desembocó en el desamparo. La reclamación se admitió a trámite en el 2014 y, aunque se hizo la instrucción, todavía no se ha resuelto. Los dos se plantean acudir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Nathalia Martínez Velasco es una pediatra de la sanidad pública con 1.500 niños en su cupo, pero a ella le retiraron la suya. La pequeña es sobrina de Judit Martínez Velasco, responsable en Catalunya de la entidad Stop Impunidad contra el Maltrato Infantil (Simicat). "Mi hermana aún no ha recuperado los derechos legales y la convivencia con su hija, solo la patria potestad", afirma. A su juicio, "ha sufrido una discriminación por género. A la pareja le afectaba el desamparo, pero el padre ha podido disfrutarla y la madre, no", concluye. 

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