Las Cortes valencianas juzgan a Camps y Cotino responsables de la tragedia del metro

El accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006, lejos de lo que se dijo entonces, “era previsible y evitable”. Y se produjo, entre otras “múltiples causas” porque la línea 1 en la que descarriló el convoy provocando 43 muertos y 47 heridos no era “segura”. Son parte de las conclusiones a las que ha llegado el Parlamento valenciano (con el epoyo del PSPV, Compromís Podemos y Ciudadanos) tras la segunda comisión de investigación en las Corts valencianas, después de que la comisión exprés del 2006 –con el PP con mayoría absoluta en la Cámara- se zanjara con el exceso de velocidad como única causa del siniestro y sin responsables políticos ni técnicos.

Las elecciones del 2015, que llevaron una mayoría progresista en el parlamento valenciano, han dado la vuelta a aquella comisión. Tras 20 sesiones y 75 testimonios en las Cortes, los partidos que sustentan el nuevo Gobierno más C’s han concluido que tanto el expresidente de la Generalitat Francisco Camps como el exvicepresidente Víctor Campos y los exconsejeros Juan Cotino y Serafín Castellano (este último era entonces portavoz del grupo popular) fueron responsables del accidente por la mala gestión en el ámbito de la seguridad y la falta de consignación presupuestaria por parte de la Generalitat Valenciana. Además, estiman que se hizo una “incompleta instalación del sistema de frenado” y que habiendo instalado las balizas o habiéndolas reprogramado adecuadamente en la curva donde se produjo accidente, al límite de velocidad establecido en el tramo, “se hubiera evitado el accidente”.

'MALTRATO' A LAS VÍCTIMAS

El dictamen, que deberá debatirse y votarse el 5 de julio, divide las responsabilidades en tres planos. En lo que concierne a la parte política, el portavoz de Ciudadanos Alexis Marí a ha acusado a Camps y el resto de responsables de "luchar constantemente contra la verdad", de "mentir" a la sociedad" y de "maltratar" a las víctimas del accidente.

Respecto a la parte técnica, ven responsable a la exgerente de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia y otros cinco altos cargos por la falta de previsión e inversión en sistemas de seguridad, así como de coordinación entre los departamentos y ausencia de planes de prevención de riesgos laborales y porque, aun siendo “conocedora de la importancia y conveniencia de adoptar medidas de seguridad, no las instaló hasta que aconteció el accidente” haciendo “descansar” la seguridad de la circulación “en el factor humano”, como fue culpar únicamente al maquinista por el exceso de velocidad.

EL PP VE UN "TRIBUNAL DE EXCEPCIÓN"

Para el PP, la nueva comisión ha sido “parcial” e “incompleta” y el dictamen hecho público este viernes por el resto de partidos corresponde a un “tribunal de excepción”. Su portavoz Alfredo Castelló ha anunciado que su grupo presentará un voto particular contra el dictamen por “solapamiento con la instrucción judicial”. La causa fue reabierta a principios de 2014 porque la Fiscalía entendía que existían “nuevos elementos” que la jueza no había tenido en cuenta al archivarla en 2008. El PP sigue defendiendo que aportó toda la documentación de que disponía en su momento. 

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"CANAL 9 FALT\u00d3 'A LA VERDAD'","text":"\"Hablar solo de la velocidad fue una estrategia para ocultar la realidad de la mala gesti\u00f3n del transporte p\u00fablico\", ha destacado la portavoz de Comprom\u00eds, Isaura Navarro. Fabiola Meco, de Podemos, ha insistido en que tras el accidente hubo \"caos y desorganizaci\u00f3n\" y que la primera comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n \"estuvo controlada por el PP, su grupo parlamentario y FGV para evitar que se depuraran responsabilidades pol\u00edticas y por miedo a las responsabilidades penales\", como as\u00ed recoge el documento de 296 p\u00e1ginas en sus conclusiones."}}