Régimen dictatorial

Corea del Norte rebate acusaciones sobre violaciones de derechos humanos

Un informe de la Comisión de Investigación de la ONU revela los crímenes contra la humanidad practicados en este país asiático

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Corea del Norte rebatió hoy las acusaciones de la comunidad internacional sobre la continua violación de los derechos humanos en el hermético país, y consideró que son un intento de derrocar al régimen de Kim Jong-un.

"Los imperialistas inventan y criminalizan asuntos de derechos humanos en contra de los países independientes y anti-imperialistas", afirmó, en una clara referencia a EEUU, el diario Rodong Sinmun del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.

El régimen calificó las repetidas críticas internacionales como un ejercicio de "doble moral" para "cambiar los sistemas sociales de otros países bajo el pretexto de que existen problemas de derechos humanos", según el periódico estatal.

Asimismo, agregó que "preservar la independencia y fortalecer la defensa son las bases de la protección de los derechos humanos y la soberanía nacional" del país. La declaración norcoreana llega después de que en los últimos meses se hayan multiplicado las críticas al régimen de Kim Jong-un por parte de la comunidad internacional desde la publicación en marzo del informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los derechos humanos en el país comunista.

El documento revela crímenes contra la humanidad como "exterminio, asesinato, esclavitud, desapariciones, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos o de género".

El informe se basa en los testimonios de 240 personas, entre ellos 80 supervivientes de campos de trabajo conocidos como "kwanliso". Corea del Norte ha criticado estos testimonios al asegurar que tales declaraciones no están acompañadas de pruebas físicas y que han sido "inventadas" por orden de EEUU.

Sin embargo, el hermético régimen comunista nunca ha permitido a los inspectores de Naciones Unidas circular libremente por el país para evaluar la situación de los derechos humanos dentro del país.