El Congreso sube la edad mínima para casarse de 14 a 16 años

El Congreso dio ayer vía libre al proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, eleva la edad mínima para contraer matrimonio de los 14 años actuales a 16, en consonancia con la edad de consentimiento sexual a la que un menor puede mantener relaciones con un adulto sin que se considere delito, recogida en la reforma del Código Penal.

El Gobierno había barajado fijar en 15 años el tope mínimo, en consonancia con la reducción paulatina de la edad a la que los adolescentes suelen empezar a mantener relaciones sexuales, pero al final desistió.

Desde el año 2000, casi 400 niños y niñas de 14 y 15 años han contraído matrimonio en España, según el Instituto Nacional de Estadística.

El proyecto de ley, además, permite a los notarios y a los secretarios judiciales oficiar bodas y tramitar separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, cuando no haya hijos menores ni personas con discapacidad implicadas. El PP sacó adelante el texto en solitario, con la abstención del PNV y CiU, y entre críticas de la izquierda por haber dado un nuevo paso para «privatizar» la justicia.

Es cierto que los notarios cobrarán por los enlaces o divorcios que tramiten, pero la renuncia de Alberto Ruiz-Gallardón ha permitido que su sucesor al frente del Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, haya accedido, durante la tramitación de la norma a que los secretarios judiciales también tengan estas funciones y las ejerzan gratis. De esta forma, el ciudadano elegirá en función de la prisa que tenga o la fecha en que necesite que se realice el trámite si prefiere acudir a un notario, bajo pago, o al secretario judicial. Además, continúan siendo competentes para celebrar matrimonios los alcaldes o concejales, los encargados del Registro Civil, así como el funcionario diplomático encargado del registro en el extranjero.

La norma introduce el reconocimiento a efectos civiles de los enlaces celebrados por los ritos budista, mormón, ortodoxo y de testigos de Jehová, que se unen al católico, musulmán y judío.

Esta ley persigue liberar a los jueces de tareas no jurisdiccionales para descongestionar los juzgados. La oposición apoyó ayer este empeño pero renegó de la «excesiva» atribución de funciones que se otorga a notarios y registradores.