El portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, exhibe uno de los medicamentos afectados por el copago sanitario que fija el decreto de reforma sanitaria. JAVIER LIZÓN | EFE

El Congreso de los Diputados ha convalidado con el voto mayoritario del PP, y la oposición de todos los grupos (incluido CiU) los decretos ley aprobados por el Gobierno de recortes en Sanidad y Educación por importe de 10.000 millones de euros.

El primer decreto, con el que el Gobierno prevé un ahorro de 7.000 millones, cambia el modelo sanitario, ya que exigirá "ser asegurado" y cotizar a la Segurida Social para tener derecho a la atención, y establece la retirada, a partir del 1 de septiembre, de la tarjeta sanitaria a los simpapeles.

Por primera vez los pensionistas tendrán que pagar las medicinas, un copago que tendrá un tope de entre 8 y 18 euros mensuales. Habrá copago también en prótesis, productos dietoterápicos y transporte sanitario no urgente, se revisará la cartera de servicios y se abre la puerta a la posibilidad de dejar de financiar muchos medicamentos de uso común, como el paracetamol o el ibuprofeno.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha admitido al pedir el apoyo al decreto que se trata de "una reforma de calado" y que exigirá algunos sacrificios pero servirá para garantizar la viabilidad del sistema sin necesidad de imponer el copago sanitario. "Hemos buscado --ha explicado-- una fórmula más justa y equitativa en el copago de medicamentos y se garantizará un tratamiento homogéneo en otras prestaciones como las ortopédicas y el transporte no urgente".

CAMBIO DE MODELO

El portavoz del PSOE y exsecretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha desplegado su habitual artillería contra el decreto, al que calificó de "chapuza jurídica". También ha denunciado el cambio de modelo de asistencia universal a los ciudadanos, que deja fuera a los inmigrantes, y ha acusado a la ministra de llevar a cabo una "política cobarde" y de ser "incompetente". "El decreto es una puerta abierta a la privatización, tiene visos de inconstitucionalidad y un planteamiento xenófobo carente de toda ética política. Acabará dañando la salud de los ciudadanos", ha concluido.

Mato ha negado que haya cambiado el modelo, ha acusado al portavoz socialista de emplearse con demagogía y ha explicado con respecto al trato a los inmigrantes que "no se puede equiparar a los que viven con todas las de la ley con los que están en situación irregular". " Ninguno se quedará sin recibir asistencia. En cualquier caso, recibirán mejor trato que en todos los países europeos", ha replicado.

INVOLUCIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD

La portavoz de CiU, Contxita Tarruella, ha tachado el decreto de "poco claro, involucionista" y ha denunciado que quita las competencias a las comunidades para extender sus tarjetas sanitarias. La diputada convergente ha explicado que su grupo está de acuerdo con el copago farmacéutico, pero no con las escalas establecidas, ya que es injusto que todos los ciudadanos en activo desde 18.000 euros a 100.000 euros de renta paguen el mismo 50%. Ha pedido a Mato que se tramite como ley para que tenga mayor claridad y justicia.

El diputado del PNV Emilio Olabarría ha considerado que hay muy pocas cosas salvables en el decreto, ha denunciado su presunta inconstitucionalidad y ha anunciado la posible presentación de un recurso. "Con este decreto creamos conflictos interterritoriales y entre los colectivos", ha aventurado.

"Es el principio del fin del sistema sanitario español", ha resumido el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. "Es un decreto desalmado que se ceba en los sectores más débiles y desfavorecidos, los enfermos crónicos y los pensionistas", ha abundado.

Para el diputado de ERC Joan Tardá, el Gobierno pretende con el decreto "enterrar la obra de Ernest Lluch, impulsor de un sistema basado en la universalidad y la gratuidad". "Desguaza el sistema público, el objetivo es la privatización, recorta en Sanidad tanto como da a los bancos y es un verdadero atraco social", ha subrayado.

RECORTES EN EDUCACIÓN

El Congreso también ha aprobado el decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, con el que el Ejecutivo quiere ahorrar 3.000 millones de euros y que contempla, entre otras medidas, un aumento de las horas lectivas de los profesores y del número de alumnos por aula.

El próximo curso podrá haber hasta un 20% más de alumnos por clase, 30 en primaria y 36 en secundaria, los profesores tendrán que dar más horas lectivas y no se cubrirán las bajas inferiores a diez días, unas medidas que, según los sindicatos, llevarán al paro a 100.000 interinos. Estudiar en la universidad podrá ser hasta un 66% más caro. Contra este decreto que, según gran parte del sector educativo supondrá un retroceso de 40 años en las aulas, padres, profesores y alumnos han convocado el próximo martes, 22 de mayo, una huelga general de enseñanza.

MARGEN A LAS COMUNIDADES

El ministro de Educación, José Ignacio Wert ha argumentado que el Ejecutivo adopta estas medidas "con sufrimiento" y "en circunstancias excepcionales y desafortunadas". También ha asegurado que las comunidades autónomas "tienen margen flexible para aplicar el decreto", que se dicta "para que cumplan el déficit".

En su rechazo de plano al decreto, el portavoz del PSOE, Mario Bedera, ha asegurado que las medidas del decreto invaden competencias y que el recorte de 3.000 millones se suma o los 663 millones de los presupuestos generales pra el 2012,y ha pronosticado que provocará del despido de más de 40.000 profesores. Bedera también ha criticado la falta de debate y la forma en que el Gobierno anunció el decreto: "Esa semana, la prima de riesgo saltó a los 400 puntos. Les entró el pánico y entregaron las joyas de la corona. Sacrificaron la Sanidad y la Educación en el altar del déficit", ha remachado.