Sílvia Aldavert: "Condenan a esas menores a recurrir a la clandestinidad"

Sílvia Aldavert, en Barcelona.

Sílvia Aldavert, en Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

MAURICIO BERNAL
BARCELONA

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Coordinadora de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, Sílvia Aldavert es una de las voces más críticas con la reforma de la ley del aborto aprobada ayer en el Congreso con los votos del PP -más Unió y Foro Asturias-. De «error gravísimo» califica el cambio más sustancial que introduce la nueva norma: la obligación que a partir de ahora tendrán las mujeres de 16 y 17 años de contar con la aprobación de los padres para la interrupción de su embarazo.

-¿Un error gravísimo?

-Totalmente. Nos parece un error gravísimo porque es una medida que es moral e ideológica y que no responde a ninguna necesidad social ni sanitaria. Lo único que va a hacer es recortar los derechos de las mujeres, de las menores en este caso. Lo que va a conseguir esta ley es que estas menores, que son un número muy pequeño, se vean desprotegidas a nivel de legislación y piensen en recurrir a métodos clandestinos que pondrán en peligro su vida.

-Es decir que entiende que la principal motivación de esta nueva norma es ideológica, ¿no?

-No tiene otro sentido que el ideológico, en efecto, no hay otra manera de verlo que desde el punto de vista de esta arremetida ideológica y moral ultraconservadora que lo único que pretende es recortar derechos.

-Hablemos de esa porción de población afectada por la nueva norma, las chicas de 16 y 17 años. 

-Sí. Estamos hablando de que el 80% de las menores en una situación de embarazo indeseado que deciden interrumpirlo lo hacen con el acompañamiento de sus familias, y solo en torno a un 13% o 14% de ellas lo hacen sin autorización o acompañamiento. Según el último estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, se trata anualmente de unas 500 jóvenes en todo el Estado español.

-Lo que se ha dicho desde que se supo de las intenciones del Gobierno: que es una ley que afecta a muy pocas, y perjudicándolas.

-Es una cifra muy reducida, sí, pero lo importante aquí es que suelen ser chicas en una situación muy vulnerable, que no pueden contar o no quieren contar con el respaldo familiar por cuestiones muy importantes, son mujeres víctimas de situaciones de desestructuración familiar, por ejemplo, o de violencia estructural en la familia. Son contextos muy difíciles, incluso de desamparo familiar, de jóvenes que sencillamente están solas y no tienen a sus familias y no tienen ese apoyo,

-Parece una victimización doble. Mujeres en situación difícil empujadas a otra situación difícil.

-No es gratuito que los profesionales que las atienden decidan que su situación es tan complicada y compleja que efectivamente no pueden esperar que vayan con sus familias a interrumpir el embarazo. Bueno, pues a partir de ahora ni siquiera van a tener el respaldo de los servicios públicos, como lo tenían hasta ahora, y en ese sentido son menores que van a quedar desprotegidas, y repito, que a falta de alternativas quedarán condenadas a recurrir a métodos clandestinos. Nos parece aun más grave en una Unión Europea donde está ocurriendo justo lo contrario, donde se defienden cada vez más los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el acceso a la salud sexual de todas.

-¿Qué revela esto, un desconocimiento de la realidad social por parte del Gobierno?

-Desde nuestro punto de vista no se trata de desconocimiento, creemos que se ignora deliberadamente por ideología, por moral y por interés. Porque está claro que hay un interés por parte del partido de Gobierno de contentar a los sectores más conservadores de la sociedad, cuando es evidente que a nivel social no hay una demanda en este sentido, y cuando es evidente que tampoco hay una necesidad sanitaria. No tiene lógica un cambio de este tipo. En parte es lo mismo que está ocurriendo con la pastilla del día después.

-¿En qué sentido?

-En el sentido de que la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido también puramente ideológica. Es preocupante porque marca jurisprudencia y evidentemente permite a las farmacias, que son un servicio público, no ofrecer un servicio obligatorio. Para nosotros también es gravísimo, y nos parece surrealista que esté pasando esto en un mundo tan global y en una Europa en la que se hace todo lo contrario, y cuando a nivel internacional se apoyan todo tipo de acuerdos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Pues aquí el Gobierno aplica todo lo contrario. Es de juzgado de guardia.

-En resumen, ¿usted cree que todo esto se hace de espaldas a la sociedad? ¿A una mayoría, al menos?

-A nivel de masa social se ha demostrado en los últimos años que la gente rechaza cambiar la ley del aborto, al contrario, se ha demostrado que la masa social está de acuerdo en garantizar y defender los derechos sexuales de las mujeres. Esperemos que las nuevas generaciones, a nivel social y político, entiendan que sin las libertades de las mujeres garantizadas no se puede avanzar hacia una sociedad mejor.

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