El juez Marco Billi ha sentenciado que los siete miembros de la Comisión Nacional de Grandes Riesgos, entre cuyas competencias figuran los terremotos, son culpables de no haber avisado en tiempo a la población. Según el tribunal, que ha concluido sus trabajos en poco más de un año, los técnicos gubernamentales que evalúan los riesgos nacionales son culpables de no haber advertido de que podía producirse un terremoto en la zona de L'Aquila (centro de Italia), como sucedió, tras los centenares de temblores que se habían sucedido desde muchos días antes.

Casas dañadas en L'Aquila, tras el terremoto de abril del 2010.

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La sentencia era muy esperada no sólo por los acusados, sino también por la comunidad científica nacional e internacional, ya que nunca antes ningún experto había sido acusado de no haber previsto la llegada de un terremoto. El fiscal Fabio Picuti ha insistido repetidamente sobre el hecho de que lo estaba en juicio no era la capacidad de previsión de los terremotos, sino de la correcta evaluación de los riesgos a partir de los “avisos” que manda el subsuelo.

El seísmo de 5,8 grados de la escala Richter del seis de abril de 2009 se cobró 309 vidas, produjo 1.600 heridos y dejó sin vivienda a más de 35.000 personas de L'Aquila, a un centenar de kilómetros de Roma. Según la fiscalía, los siete expertos de la Comisión disponían de datos suficientes para estimar que estaba por producirse el terremoto, en cambio desde una semana antes “tranquilizaron a la población”, que se fió de ellos. Los siete estaban acusados de homicidio múltiple, desastre culposo y lesiones personales involuntarias. Los testigos interrogados han sido 275.

Reuniones durante los temblores

En abril de 2009 los sismógrafos llevaban días registrando oscilaciones de entre los tres y los cuatro grados, sacudiendo las viejas casas medievales del centro urbano, pero los expertos oficiales quitaron hierro al miedo de los ciudadanos. La comisión se había reunido seis días antes del seísmo, cuando ya se estaban produciendo los temblores y poco después ordenó que circulasen por la ciudad y las aldeas de la zona unas furgonetas con altavoces, invitando a los habitantes a permanecer en sus casas.

Se trató de “una evaluación del riesgo sísmico aproximada, genérica e ineficaz”, habían escrito los jueces que ordenaron el proceso, considerando que la comisión “divulgó informaciones imprecisas, incompletas y contradictorias sobre la peligrosidad de la actividad sísmica, volviendo inútil la tutela de la población”. Por el contrario, el abogado defensor, Carlo Sica, había solicitado una declaración de inocencia, porque, según dijo, los acusados “no son culpables de nada, porque los hechos, o sea el temblor de la tierra, no puede ser imputado a nadie”.