Tras sofocar el último rescoldo del incendio del Empordà, los bomberos aún tenían una misión pendiente. El amplio radio de acción del fuego y el estado de emergencia obligaron a un esfuerzo titánico y ahora llegaba el turno de concienciar a la sociedad. Y es que la complejidad del escenario se habría simplificado en gran medida con unas sencillas pautas: un pequeño campo cultivado, una pista o un bosque bien gestionado habrían sido de gran ayuda para combatir la impotencia de las primeras horas. El informe de los GRAF (Grupos de Refuerzo de Actuaciones Forestales) echa en falta una cultura de la autoprotección entre la ciudadanía ante una situación de gran emergencia y propone como referencia la normativa de prevención de incendios de las urbanizaciones separadas de la trama urbana y situadas a menos de 500 metros de los terrenos forestales.

Urbanización de Mont-roig del Camp evacuada por el fuego el 2007. TAVISA / JORDI TODÓ

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Información publicada en la página 27 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 01 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La norma, pionera en España y en vigor en Catalunya desde el 2003, obliga a la elaboración de un plano de delimitación, la apertura de zanjas de seguridad sin vegetación de 25 metros de ancho en el perímetro del área de viviendas, el mantenimiento de esas franjas y la limpieza de las vías de acceso al núcleo de viviendas. Sin embargo, la realidad es que estos núcleos de población tampoco son el paradigma de la autoprotección. O al menos, no en su conjunto. Y es que un 30% de las más de 1.100 urbanizaciones catalanas obligadas a cumplir esta normativa no lo hacen.

Limbo legal

Un porcentaje que permanece prácticamente inalterado desde el 2010. Ni siquiera las subvenciones que la Generalitat pone a su disposición para cumplir la normativa han convencido a la mayoría de estos propietarios, que continúan sin franja de seguridad libre de vegetación. Y eso que los fondos públicos han permitido la apertura y mantenimiento de 5.972 hectáreas de franjas de seguridad en Catalunya desde el 2005, y se ha presupuestado un millón de euros para las urbanizaciones que lo deseen para este año y el que viene. Más allá de la crisis, la nula receptividad de tres de cada diez urbanizaciones se explica porque los fondos son «insuficientes» para cubrir sus necesidades preventivas, según el presidente del Consorci Forestal de Catalunya, Rossend Castelló. El problema se acentúa con el limbo legal en el que están buena parte de estas áreas de población, que se construyeron entre los 60 y los 70, al margen de cualquier normativa urbanística, y que ahora requerirían de una enorme inversión en infraestructuras para normalizar su situación.

Castelló asegura que la realidad es la de urbanizaciones modélicas, con planes de autoprotección bien desarrollados, pero también la de otras, en su mayoría alegales, que son «un auténtico desastre». Y pone como ejemplo a seguir el de muchas masías repartidas por todo el territorio catalán. En estas viviendas es habitual encontrar cultivos que reducen la expansión de las llamas, accesos despejados para la fácil entrada y salida de vehículos, el perímetro descargado de vegetación densa y la presencia de piscinas, balsas y otras fuentes de agua. Además, la mayoría de ellas cuentan con grupos electrógenos y puntos de energía alternativos a la red eléctrica por si queda inservible por la acción de las llamas.