Hipotecados por pisos en ruinas

Dicho en pocas palabras: un bloque de Tarragona está a punto de desplomarse y las cinco familias que lo habitaban han tenido que marcharse a toda prisa. El número 14 de la calle Disset de Bonavista -un barrio obrero nacido con la petroquímica- empezó a agrietarse el verano pasado. Da a un solar vacío y en otro bloque de la misma manzana también han empezado a aparecer fisuras en el patio. 

“El ayuntamiento nos dijo que era por un movimiento de tierras, ahora lo niega”, explica Carme Castillo, presidenta de la comunidad de vecinos que se han quedado sin vivienda. Ella compró el piso nuevo a un constructor particular del barrio, en el que abundan las casas hechas por los mismos propietarios. En mitad del caos, aún se siente algo afortunada porque ya tenía el inmueble pagado. Ahora, la finca en la que vivía está apuntalada y con los accesos tapiados.

Otras tres familias, sin embargo, pagan una hipoteca por un piso que es una ruina, literalmente. Teresa Pérez lo compró hace 14 años a una vecina. Desembolsó 146.000 euros en plena burbuja inmobiliaria. Le quedan 11 años de hipoteca, y quiere pagarla, “pero en otro piso”, afirma. “En este no se puede vivir”, explica. Al ver las grietas, fueron al banco a pedir una ampliación para poder pagar la reparación de la finca, pero les dijeron que no. Ahora, su meta es “conseguir un alquiler social”, pero antes, ordenar un día a día que se ha vuelto patas arriba de repente.

ALOJAMIENTO TEMPORAL

Una de las familias se ha alojado con allegados. Las cuatro restantes están temporalmente en un hotel, sufragado por el consistorio. A Pérez le darán un piso de emergencia social de dos habitaciones en el centro. En su casa son cuatro y su hija de 9 años va al colegio en Bonavista. El horario laboral, el escolar y el de autobuses orbitan en galaxias distintas.

Lo primero es conseguir una beca comedor que, en teoría, ya está concedida. “Ya no sabemos qué creernos, tampoco hay pisos para todos y nos habían dicho que sí”, lamenta Pérez. Hacer todo el papeleo será otra odisea. “Salvé la ropa de mis hijas y de mi marido, la mía no sé ni dónde está, como para buscar ahora documentos”, afirma.

Como quien dice, se han ido con lo puesto y poco más. La mayoría de sus pertenencias siguen en sus casas. Toñi Pacheco, otra de las afectadas, ya miró precios de trasteros en el mismo barrio, pero le pedían 300 euros al mes. “Imposible, no llegamos”, sentencia.  Al menos, confían en que ni siquiera los ocupas se atreverán a meterse en sus casas. 

APOYO DE LA PAH

 La PAH les ha ofrecido su apoyo. “En eso estamos, mirando cómo arreglarlo porque, sinceramente, en casa no podemos pagar un alquiler y una hipoteca por un piso que es una ruina”.

El último paso será denunciar al administrador de fincas por haberles ocultado, dicen los vecinos, un informe de un arquitecto cuando aparecieron las primeras grietas. El ayuntamiento “también lo sabía desde el verano pasado, pero hemos tenido que llegar hasta aquí para que nos hagan caso”, sentencia la presidenta.

Entre adultos y criaturas, son 16 personas que no saben aún dónde comerán las uvas. Se creen a medias la promesa municipal de que, antes de Navidad, ya todas tendrán piso.