Cinco autonomías rechazarán hoy la supresión del derecho del aborto

Los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas se pronunciarán hoy, por primera vez de forma conjunta, sobre el anteproyecto de ley del aborto, con la que, bajo la denominación «ley para la protección de la vida del concebido», el Ministerio de Justicia prevé suprimir el derecho de las mujeres a decidir, en las primeras 14 semanas de gestación, si mantienen o interrumpen un embarazo.

Eliminar ese derecho, fundamento de la ley de salud sexual y reproductiva en vigor desde el 2010, es el principal motivo que ha llevado al Gobierno del PP a promover un cambio legislativo cuyo enunciado inicial han rechazado numerosas sociedades científicas y la oposición, con excepción de Ciutadans y Unió Democràtica. El texto propuesto limitará la autorización del aborto a dos supuestos: cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o ponga en riesgo la salud física o psíquica de la madre.

Radiografía de un retroceso

A petición de Justicia (que ha solicitado una treintena de informes sobre la norma), el consejo interterritorial de salud estudiará hoy el proyecto, una vez que las autonomías ya han remitido al Gobierno su opinión a título particular. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha solicitado al foro que reúne a Sanidad y a los consejeros del ramo que evalúe el impacto que tendrá en la normativa sanitaria la futura ley. Se trata, por tanto, de un pronunciamiento muy técnico que podría evitar que las autonomías gobernadas por el PP que se han mostrado reacias a la norma dinamiten la conferencia sectorial. De hecho, fuentes del Gobierno reconocieron ayer que esta acotación pretende evitar una discusión política que incluya la manifestación pública de los consejeros del PP que encuentran exageradamente restrictiva la nueva ley. Pero en el Ministerio de Sanidad se cuenta con la posibilidad de que, pese a esto, haya alguna salida de tono de alguna de las autonomía del PP que reclaman una norma más suave y consensuada.

El malestar expresado en los últimos meses por los responsables de sanidad del PP en Extremadura, Galicia y Baleares, no obstante, en ningún caso ha incluido su rechazo al aspecto fundamental de la nueva ley  -limitar el aborto a unos supuestos regulados- por lo que, de reproducirse, es de prever que únicamente aluda a si esa autorización debería incluir gestaciones en las que se detecten malformaciones fetales, como ya sucedía con la ley en vigor entre 1985 y el 2010.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, tiene previsto defender la ley de interrupción del embarazo en vigor, avanzó ayer a este diario, posición similar a la de sus homólogos de Andalucía, Asturias, Euskadi y Canarias.

En esa defensa, el conseller Ruiz se siente avalado por la resolución del Parlament que pidió una norma que blinde el aborto en Catalunya. «Tenemos una ley de interrupción del embarazo que ha demostrado su utilidad sanitaria, no ha generado conflictos y cuenta con el apoyo de los ciudadanos y los científicos  -afirmó Ruiz-. Ofrece seguridad a las mujeres y a los médicos, y fija unos plazos universalmente aceptados». En opinión del conseller, el proyecto de Gallardón es «meramente ideológico» y no responde a ninguna demanda médica o social. Pero una eventual norma catalana tendría difícil aplicación ya que la que prepara el Gobierno central tiene rango de ley general, de ámbito estatal.

REGRESO AL PASADO // La futura ley, si no hay modificaciones, será una norma de supuestos, regida por la misma filosofía que la que estuvo en vigor entre 1985 y el 2010, pero con significativas modificaciones que la harán aún más restrictiva que aquella. La obligatoriedad de que la mujer demuestre, por medio de  dos médicos, que el embarazo agrava una enfermedad psíquica o física ya existente, es uno de ellos. La incapacitación profesional de los médicos que incumplan la nueva ley  es otro ejemplo de esa mayor restricción.

La ley de 1985 fijó la «despenalización» -no el derecho- para las mujeres que interrumpieran un embarazo surgido de una violación, que gestaran un feto con malformaciones o que hubieran de sufrir un quebranto psíquico. No se exigía que tal imposibilidad psíquica «perdurara en el tiempo», como sí lo hace el texto de Gallardón. El aborto, según la ley de 1985, no estaba financiado por la sanidad pública. Sí lo está con la ley del 2010, y sí está previsto que lo siga estando para aquellas mujeres que logren certificar que merecen acceder a un aborto.