PERJUICIO PARA FAMILIAS ADOPTANTES

Cientos de adopciones españolas, paradas por la homofobia de Putin

Una pareja, con caretas de Vladimir Putin, se besa durante la protesta contra la discriminación sexual realizada el pasado domingo en París.

Una pareja, con caretas de Vladimir Putin, se besa durante la protesta contra la discriminación sexual realizada el pasado domingo en París.

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

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Las 223 familias catalanas que están en estos momentos pendientes de adoptar a un niño en Rusia han visto cómo desde hace una semana sus ilusiones han quedado en suspenso tras la decisión del Gobierno de Vladimir Putin de bloquear, desde el pasado 3 de septiembre, cualquier trámite que suponga la salida de un menor ruso hacia un país donde los matrimonios homosexuales son legales, como España. La decisión, que afecta tanto a las parejas gais como a las heterosexuales, está a expensas de la aprobación de un convenio bilateral entre Rusia y el Ejecutivo español, que ya llevan cuatro años negociando un acuerdo que no acaba de llegar.

«Las conversaciones son lentas y costosas, porque hay que conciliar distintas legislaciones», indicó ayer un portavoz del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, que participa junto a Asuntos Exteriores en las conversaciones. «El problema es que ahora el Tribunal Supremo ruso exige garantías adicionales de que ningún niño nacido en ese país y que haya sido adoptado por españoles será recolocado con una familia homosexual, en caso de que le sea retirada la tutela a la familia que originariamente lo adoptó», explicaron las mismas fuentes del departamento que dirige la ministra Ana Mato. Estas recolocaciones, agregaron, se producen «en, como mucho, un 1% de los casos y siempre tras la intervención de los servicios sociales», indicaron las mismas fuentes.

El bloqueo a las adopciones rusas empezó ya el pasado junio, cuando las autoridades de ese país empezaron a rechazar expedientes de familias españolas monoparentales, al sospechar que «podían estar encubriendo casos de homosexualidad», explicó ayer la directora del Institut Català d'Acollida i Adopció (ICAA), Núria Canal. De hecho, son varios los países que imponen, entre otros requisitos, que los adoptantes sean al menos dos personas y, en algunos casos, se les pide también que presenten una licencia de matrimonio. «Cada país de origen fija sus condiciones en función de su propia legislación y normalmente con una finalidad garantista», observó el portavoz del ministerio.

REDIRIGIDOS A OTROS PAÍSES / De momento, y mientras siguen las conversaciones diplomáticas, el instituto catalán de adopciones ha decidido dirigir a las familias monoparentales a países donde puedan adoptar. «Una de las alternativas que se les está planteando a los afectados es por ejemplo Moldavia», indicaron fuentes de la Asociación Internacional de Protección y Ayuda a los Menores del Este (Aipame), una de las entidades que tramitan más adopciones en la zona de la antigua Unión Soviética.

El problema es que la exigencia añadida este verano por Rusia, la de que los niños allí adoptados no serán reubicados en familias homosexuales, vulnera la legislación española, ya que «certificar eso es contrario a la ley 3/2005, por la que no se puede discriminar a las personas por razón de su orientación sexual», dijo la directora del ICAA. Esta es la causa «por la que Rusia ha congelado las adopciones de familias españolas, tanto monoparentales como tradicionales», señaló.

PENDIENTES DE JUICIO / Tanto el ICAA como el ministerio se mostraron ayer convencidos de que la situación de bloqueo es transitoria. «El Gobierno español está trabajando para que el próximo 3 de octubre, fecha en que está prevista una visita de representantes del Parlamento ruso a España, el convenio bilateral esté ya listo para ser firmado», aseguró el portavoz de Sanidad y Asuntos Sociales.

En estos momentos, el instituto catalán tiene en marcha un total de 1.947 expedientes internacionales, correspondientes a otras tantas familias catalanas. De ellas, 223 han optado por hacerlo en Rusia y de estas, 96 ya tienen su expediente en ese país. La mitad de ellas, 48, están pendientes de la asignación de un niño, mientras que las 48 restantes tienen ya un menor asignado y están pendientes del juicio que culmina el proceso de adopción, informaron ayer fuentes de Benestar Social i Família.