Cien mil sospechosas

Hasta que en 1985 se despenalizó el aborto (antes solo lo había legalizado en 1936 la Generalitat catalana, por breve tiempo), las mujeres españolas que necesitaban abortar lo hacían o bien en Londres, si disponían de dinero, o bien por medios clandestinos. El aborto, sin embargo, es una práctica tan común como arcaica. En la antigua Roma era una decisión personal de la mujer afectada, pero con el tiempo, y según la historia nos fue relegando a papeles secundarios, nuestra sexualidad y nuestros derechos reproductivos pasaron a ser controlados y limitados por la familia, el marido, la Iglesia y el Estado.

En marzo del 2010, el Gobierno socialista del que yo formaba parte cambió la ley de 1985, de supuestos, por la nueva ley de plazos. Fue un cambio fundamental tanto en la filosofía como en la práctica. Con la ley del 85 la mujer exponía sus razones ante un médico, y si este lo consideraba justificado, permitía la intervención. Cierto es que los supuestos eran múltiples y el trámite sencillo, pero aun así la mujer estaba sometida al juicio ajeno, necesitaba permiso. La otra importantísima mejora de la ley del 2010 es la garantía para el nasciturus. En contra de lo que proclama la derecha, restringe drásticamente la posibilidad de abortar pasadas las 14 semanas, y muchísimo más pasadas las 22 semanas. Ahí sí que entran los especialistas a valorar si procede o no abortar.

Sin mentiras ni secretos

Que hasta la semana 14 la mujer pueda abortar libremente sin necesidad de justificantes ni certificados, ni explicaciones a nadie más que a sí misma, o a su pareja si la tiene, o a sus padres si es menor, significa que por primera vez la sociedad nos considera capacitadas para tomar y asumir nuestras propias decisiones. Ya no estamos tuteladas por otros que deliberan sobre nuestra situación emocional o vital. Prescindir de esa supervisión del Estado evita tener que recurrir a mentiras y secretos para evitar la catástrofe de una maternidad imposible. Todo es moralmente más claro porque nuestro criterio se respeta y se valora. Somos auténticamente adultas y ciudadanas.

En el 2014 el presidente Rajoy quiere imponer una ley del aborto según la cual las mujeres volvemos a ser sospechosas de carecer de capacidad intelectual para examinar nuestra vida y decidir. Como las damas del siglo de oro, volvemos a ser tuteladas en nuestra sexualidad y en nuestro cuerpo. El proyecto de ley no admite el criterio de una mujer como causa justificada para abortar, pero sí la violación, volviendo así a mezclar conceptos como la deshonra y el honor con la sexualidad y la reproducción. Para abortar se obliga a la mujer a atravesar un calvario indigno y a una brutal exposición pública de su intimidad, tras lo que será declarada inestable psicológicamente: una loca. Si eso no fuera ofensivo de por sí, además la dejará totalmente indefensa legalmente, pues con esa declaración podría ser despojada de otros derechos en otras instancias.

Si bien con la ley del 2010 el número de abortos se ha reducido, hoy en España abortan cada año unas 100.000 mujeres de toda clase y condición por todo tipo de razones. No es una cifra baladí. Son muchas, pero no las conocemos porque esa experiencia no se comparte. No es frecuente siquiera que entre mujeres confesemos haber abortado, porque intuimos un juicio ajeno, un estigma. Cualquier declaración pública resultaría, en pleno 2014, dura, incómoda y no exenta de consecuencias para la que se delatara.

Sometidas al juicio ajeno

Estar sometidas al juicio ajeno es algo familiar para las mujeres. Se nos juzga por la apariencia física, que debe acomodarse a unos estándares, como se nos juzga por nuestra entrega a los demás. Recortar partidas como las de la dependencia, las ayudas para guardería, los comedores escolares, etcétera, perjudica especialmente a la mujer sobrecargándola, pero dado que la coartada de la crisis económica y el abismo al que estamos asomados vale para todo, tragamos.

Con lo que las mujeres no vamos a tragar es con la modificación de la excelente ley del 2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, porque no hay coartada moral, ni económica, ni social de ningún tipo. Su modificación es simple y llanamente una intromisión en la vida privada de las mujeres y una humillación y degradación de nuestro estatuto como ciudadanas.

Las 100.000 mujeres que cada año abortan en España son todo menos sospechosas. Saben lo que hacen. Por qué lo hacen es un asunto privado, que no les concierne más que a ellas. No necesitan ni el permiso, ni el conocimiento, ni el juicio del resto de la sociedad. Lo único que necesitan es nuestro apoyo para recibir atención médica universal y gratuita y nuestro respeto para continuar peleando por la dignidad de sus vidas. Las suyas, las que han elegido ellas mismas, no otros por ellas. Abortar no es un capricho. Lo que es un capricho es modificar la ley del 2010.