Un ciclista entrará en la cárcel por negarse a un test de alcoholemia

Le retiraron el carnet de conducir, perdió el trabajo y, como no tenía dinero para el alquiler y para la pensión de su expareja, ahora vive en un garaje. Una situación precaria que empeorará en breve porque una juez de Girona ha ordenado su inmediato ingreso en prisión. La resolución se ha dictado después de que el Gobierno denegara el indulto a Ruslan Kopchuk, un ucraniano vecino de Palafrugell (Baix Empordà) que deberá pasar 115 días entre rejas porque no ha podido pagar la multa sustitutoria de los cuatro meses de cárcel a los que fue condenado por negarse a realizar una prueba de alcoholemia cuando iba en bicicleta.

Su abogado, Francesc Xavier López, recurrirá el lunes la decisión judicial, pero este recurso no paraliza su ejecución de forma cautelar. Tras conocerse la denegación del indulto, el fiscal solicitó a la jueza que se cumpliera la pena de prisión debido a que el condenado no había pagado los casi 1.000 euros de la multa sustitutoria y porque, además, tenía antecedentes penales, ya que en el 2007 fue condenado por dar positivo en una prueba de alcoholemia cuando conducía un vehículo.

El defensor considera que se ha cometido un error porque este antecedente está cancelado, ya que habían pasado más de tres años desde el cumplimiento de aquella pena. El incidente de Palafrugell ocurrió en marzo del 2013, cuando el ucraniano huyó de unos agentes de paisano de la policía local que le dieron el alto tras apreciar que conducía su bicicleta con síntomas de ebriedad.

HUIDA Y DETENCIÓN / Él alegó después que se asustó porque creyó que eran unos delincuentes que querían agredirle. En su precipitada carrera cayó al suelo y los agentes lo retuvieron y le exigieron que pasara una prueba de alcoholemia, a lo que  Kopchuk se negó, «lanzando la boquilla contra la cara del policía local», según la sentencia. Una actitud poco amistosa que el ciclista atribuyó a los malos modos que emplearon los agentes a la hora de detenerlo.

Cuando el caso llegó a juicio, una abogada de oficio pactó con el fiscal la condena para reducir en una tercera parte la pena solicitada, ya que también se le acusaba de otros delitos relacionados con su accidentada detención. La pena acordada fue de cuatro meses de cárcel o una multa sustitutoria y la retirada del carnet de conducir durante ocho meses.

Su abogado alega que su cliente fue condenado por un delito inexistente, que no es un delincuente habitual y que, a pesar de que el código de circulación obliga a todos los usuarios de la vía pública a someterse a esa prueba, «el mismo texto legal solo sanciona con multa administrativa la negativa a hacerlo».