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ESTADÍSTICAS JUDICIALES DEL 2010

El CGPJ detecta un aumento del 36% en los desahucios y del 10% en los concursos de acreedores hasta el mes de marzo

Los juzgados y tribunales españoles han tramitado 30.444 asuntos por despidos

Catalunya, las Islas Canarias y el País Vasco son las comunidades que registraron un mayor gasto por habitante en Justicia

Lunes, 6 de junio del 2011 - 18:07h. Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
EUROPA PRESS / Madrid
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha detectado que durante el primer trimestre del año ha aumentado el 36,9% el número de desahucios y el 10,9% la cantidad de concursos de acreedores presentados ante los órganos judiciales, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los juzgados y tribunales españoles han tramitado 30.444 asuntos por despidos, 43.183 por reclamaciones de cantidad, 2.109 relacionados con concursos y 15.491 lanzamientos judiciales que dan cumplimiento a sentencias de desahucio desde enero hasta marzo, lo que supuso un ligero incremento en relación con los últimos meses de 2010.

El informe La Justicia dato a dato correspondiente al año 2010 refleja que los Juzgados de lo Mercantil estudiaron 2.109 litigios relacionados con concursos de acreedores, los cuales sufrieron un incremento del 10,9% respecto al primer trimestre de 2010. A pesar de la crisis económica, las reclamaciones de cantidad han descendido en un 12, 7%, según los datos recabados por el órgano de gobierno de los jueces.

"Repunte" del número de despidos

Por su parte, los pleitos relativos a ejecuciones hipotecarias y a procesos monitorios descendieron levemente respecto a los tres primeros meses del año anterior, situándose en 21.787 y en 229.334, respectivamente. En concreto, las ejecuciones hipotecarias cayeron en un 21,1% y los procesos monitorios un 10,3%. 

Durante la presentación de esta memoria en la sede del CGPJ, la portavoz de este órgano, Gabriela Bravo, ha destacado la "loable rapidez" con la que los órdenes de lo Civil y lo Social han resuelto estos procedimientos y ha subrayado el "repunte" detectado en la cantidad de despidos en comparación con los últimos meses de 2010.

86 euros por habitante para la Administración de Justicia

Acompañada de los vocales delegados para la Estadística Miguel Carmona y Antonio Dorado, la portavoz del CGPJ ha puesto de manifiesto que Andalucía, Madrid, las Islas Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades con mayores tasas de litigiosidad, llegando a alcanzar los 200 asuntos por cada mil habitantes.

En el otro extremo se sitúa el País Vasco y La Rioja, cuyo índice de litigiosidad se sitúa por debajo de la media nacional que alcanza los 199 asuntos por cada mil habitantes, lo que representa un descenso del 2,8% menos que en 2009. "En 2010 descendió, por primera vez en los últimos años, el número de asuntos llegados a los juzgados y tribunales españoles", ha señalado Gabriela Bravo, que ha explicado que España destinó un 0,38% de su PIB a la Administración de Justicia durante 2010 y dedicó 86 euros por habitante en esta materia y que Catalunya, las Islas Canarias y el País Vasco son las comunidades que registraron un mayor gasto por habitante en justicia frente a Galicia, la Comunidad Valenciana y Aragón.

Más de 9 millones de causas resueltas

 En 2010, los jueces y magistrados resolvieron un total de 9.217.395 asuntos, un 0,7% más que el año anterior. Sin embargo, las causas que han ingresado en sus órganos han descendido en un 2,2 por ciento. Para el vocal Miguel Carmona, antes se litigaba "más de lo necesario" y ahora se recurre a otras vías como puede ser el arbitraje o la mediación para la resolución de los conflictos.

En términos cuantitativos, Gabriela Bravo ha expuesto que la duración media de los procedimientos en la primera instancia alcanza los 4 meses y los 5 meses en la segunda instancia mientras que en el Tribunal Supremo llega hasta los 12 meses. Además, ha remarcado que el 94% de las resoluciones recurridas son confirmadas por órganos superiores.

 Desde el CGPJ, han instado a los partidos a aumentar las partidas destinadas a la Administración de Justicia y redoblar los medios materiales y personales para corregir las "deficiencias históricas" que sufre este servicio público.

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