Catalunya no tiene miedo

Aproximadamente el 20% de las ciudades y los pueblos catalanes, menos de uno de cada cinco municipios, tiene aprobado un plan de actuación municipal (PAM) para terremotos, documento integrado en el plan especial de emergencias sísmicas de Catalunya (Sismicat). Fuentes de Protecció Civil hicieron hincapié ayer en la ambigüedad de esa estadística, alegando que no contempla«el trabajo hecho por muchos municipios que, por distintos motivos, no han conseguido homologar el plan».

El Sismicat estipula que, en el marco de la geografía catalana, hay pueblos que tienen la obligación de aprobar un PAM, especialmente los lugares ubicados en el norte y el noreste, con mayor riesgo de padecer temblores sísmicos. La poca percepción de peligro se convierte en motivo recurrente para no fijar el plan municipal. Otras localidades, con menor amenaza, solo reciben una recomendación.

El hecho de que el Sismicat, el primer plan de esta índole impulsado en España, fuera aprobado por la Generalitat en el 2003, hace que la figura del PAM obtenga un grado de normativa legal. A pesar de ello, no existe ningún régimen sancionador que controle la vigencia y la obligatoriedad de los planes de actuación municipal.

La posibilidad que Catalunya sufra un episodio como el ocurrido en Lorca es remota,«pero no se puede descartar». Así lo apuntó el subdirector general de Operaciones en Protecció Civil, Sergio Delgado, que también se refirió a las zonas catalanas con mayor riesgo potencial de padecer terremotos. En este sentido, por la potencia que podría revestir un hipotético seísmo, la zona pirenaica se erige como la franja más amenazada. En referencia a la vulnerabilidad sísmica de viviendas y de infraestructuras que sostienen los servicios principales de una comunidad, como hospitales o escuelas, las zonas más damnificadas serían las comarcas de la Garrotxa, la Selva y el Vallès Oriental, amén de las pirenaicas.