El aumento de las tasas judiciales y la reducción de partidos judiciales que propone llevar a cabo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han sido los temas estrella de la primera conferencia sectorial de Justicia presidida por Alberto Ruíz-Gallardón. Tanto Catalunya, como Navarra y País Vasco han planteado dudas acerca del incremento de las tasas judiciales que, según el consejero navarro Roberto Jiménez, "atenta frontalmente contra la tutela judicial efectiva y la justicia universal".

Los peros de Catalunya radican en que la Generalitat no comparte que se penalice, como propone Gallardón, al ciudadano que quiere recurrir a una segunda sentencia con una tasa de cuantía muy elevada "mientras en España el 100% de los ciudadanos no tengan acceso a una justicia profesional en primera instancia", en palabras de la consejera Pilar Fernández Bozal.

Las nuevas tasas se destinarán a financiar la justicia gratuita, que asumen las comunidades y por tanto aliviarán las maltrechas arcas autonómicas. Sin embargo, Catalunya y otras administraciones no comprenden bien el sistema por el que estos fondos acabarán en manos de las autonomías. Por eso la consejera ha señalado que Catalunya "aplicará" las nuevas tasas, que en su opinión son "compatibles" con los impuestos que también en materia judicial ha aprobado el Govern, pero ha alertado al Estado que la Generalitat estará muy atenta a la letra pequeña de la ley y, si considera que vulnera algún precepto constitucional, presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo la primera vez que se introdujeron las tasas en los tribunales.

Críticas al CGPJ

Por otro lado, las autonomías se han mostrado reticentes con la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de reducir a la mitad el número de partidos judiciales, lo que ha causado cierta inquietud en aquellos municipios que se quedarían sin juzgados. El ministro ha querido tranquilizar las Comunidades al asegurarles que el Gobierno no aprobará ninguna modificación de la ley de demarcación y planta judicial sin tener una "reunión individualizada" con cada administración autonómica. La consellera catalana se ha mostrado esperanzada en que el ministerio tenga en cuenta, como hasta ahora, la opinión de la Generalitat ante cualquier cambio en la distribución territorial de los juzgados.

Por último, el ministerio y el CGPJ han reactivado durante la conferencia sectorial los acuerdos para lograr la interconexión de los ocho sistemas informáticos existentes en España en la administración de justicia, algunos de ellos incompatibles entre sí.