Cáritas España ha denunciado este miércoles la desprotección que supondrá para los inmigrantes irregulares el pago de más de 700 euros para acceder al sistema de salud pública. Por ello insta al Gobierno y a los partidos políticos a hacer una reflexión profunda sobre las consecuencias que puede tener la medida que empezará aplicar el Gobierno a partir del 1 de septiembre.

Dos inmigrantes entran en un ambulatorio de Vic. JOSEP GARCIA

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Cáritas ha expresado su "honda preocupaciónï" por el impacto que tendrá la medida "en las personas más vulnerables" y cree que el Gobierno está tomando decisiones "sin una reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta la sociedad". Recuerda que el Estado debe garantizar "los derechos fundamentales" de los más débiles y que la medida afecta a un cambio de modelo que desprotege aún más "a las personas más vulnerables".

"Seguimos pensando que supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social. Además, la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable", explica Cáritas.

La entidad considera que la iniciativa supone el inicio de una dualización del sistema sanitario por "ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca". De esta forma, los responsables de Cáritas consideran que "se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables, que pone en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención sanitaria".