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Campaña de objeción fiscal contra la corrupción

Un grupo insta a inmovilizar parte del IRPF y condicionar el pago

El dinero, una cantidad simbólica, se pagará cuando haya ley de transparencia

TONI SUST / Barcelona

Martes, 16 de abril del 2013 - 20.10 h

Retención fiscal ciudadana a la vista. Una veintena de personas se han reunido este martes por la tarde en la plaza de Catalunya para iniciar un camino innovador de lucha contra la corrupción. Eran los promotores de la campaña Prenda fiscal por la transparencia, (penyora en catalán) encabezados por la exconcejal del PSC en Barcelona Itziar González, que ha tomado la palabra para criticar la opacidad del sistema político actual. Para combatirlo, la Crida a la Desobediència Civil pels Drets Ciutadans han puesto en marcha la campaña, que supone dejar de aportar una cantidad de dinero a Hacienda simbólica, por ejemplo, 50 euros, con motivo de la declaración de IRPF correspondiente al 2012. Es decir, una retención fiscal, pero por parte del contribuyente, y dejando claro que no es que no se quiera pagar. Los promotores destacan que una gran participación pondría en un brete al Estado.

Se trata de condicionar el pago de parte de los impuestos al buen funcionamiento de la democracia. En este sentido, los promotores de la idea presentan cuatro peticiones: que se apruebe la ley de transparencia (de la que reclaman además que sea orgánica, elevando así la transparencia a derecho fundamental); que incluya a la Casa Real a los partidos políticos y a sus fundaciones; que los altos cargos no puedan emplear dinero negro sino únicamente targetas de crédito y transferencias, y que la ley se llegue a aplicar. Llegados a este punto, el grupo se reuniría para fijar la devolución de la prensa.

DOS VÍAS

El grupo propone dos vías para guardar el dinero: o bien ingresarlo en la Caja General de Depósitos, o bien en una banca ètica. Pasado este trámite, en la declaración de hacienda hay que señalar que se procede a hacer una prenda. Es de esperar que pasados los meses Hacienda se ponga en contacto con los objetores, y podría acabar emplazándoles a hacer una declaración de hacienda complementaria y abonar lo que se deba.

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