INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

Bruselas da dos meses a España para reducir la contaminación

Insta a proteger a la población de zonas como el Vallès y el Baix Llobregat de la polución por partículas finas

Atmósfera contaminada en el acceso a Madrid desde Pozuelo de Alarcón.

Atmósfera contaminada en el acceso a Madrid desde Pozuelo de Alarcón.

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Dos meses. Ese es el plazo que ha concedido la Comisión Europea (CE) al Gobierno español para que adopte las medidas necesarias que garanticen la protección de sus ciudadanos de los perjuicios que acarrea la contaminación por partículas finas (PM10). Los mismos argumentos que Bruselas expuso a Grecia, que dispone de idéntico periodo de tiempo para subsanar las deficiencias. En caso de continuar con el incumplimiento, la Comisión avanzó su intención de trasladar la cuestión a la justicia comunitaria.

Bruselas señaló a ambos gobiernos y les acusó de «no proteger a sus ciudadanos» de la contaminación por  PM10, unas partículas que pueden ocasionar asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón y muerte prematura. La emisión de  dichas partículas procede de la actividad industrial, el tráfico y las calefacciones de los hogares, según recordó la autoridad comunitaria.

En el caso de España, la CE puso como ejemplo la exposición perjudicial que han sufrido algunos habitantes del Vallès y el Baix Llobregat, así como de zonas rurales de Andalucía y del centro de Asturias, al menos entre el 2005 y el 2012, periodo al que se refieren los últimos informes disponibles.

«La Comisión considera que las medidas para proteger la salud de los ciudadanos debieron tomarse en el 2005 y pide a ambos estados miembros que actúen de modo prospectivo, rápido y eficaz para que el periodo de incumplimiento sea el menor posible», indicó la Comisión.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La CE también incluyó a España entre los países a los que reclama que adopten la normativa de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En los próximos dos meses, el Ejecutivo español, el letón, el polaco y el rumano deben especificar cómo incorporarán la normativa a su legislación nacional. La nueva directiva prevé reducir los impactos adversos de la generación y gestión de los RAEE en la salud humana y el medioambiente.