Bruselas investiga la concesión de la indemnización por la plataforma Castor

La reclamación europea presentada por la patronat Cecot, el Centre Metal·lúrgic y el Consejo Intertextil Español contra la millonaria indemnización concedida por el estado español a través de Enagás por el almacén de gas Castor empieza a dar sus frutos. Justo cuando los consumidores han empezado a pagar, repercutida en los recibos del gas, la compensación de 1.350 millones de euros más intereses satisfecha por el estado español a la empresa concesionaria Escal UGS, la Comisión Europea solicita explicaciones al ejecutivo sobre esta operación. La dirección general de la Competencia quiere averiguar si puede existir alguna incompatibilidad en el pago millonario a la compañía tras la extinción de la concesión. La propia empresa renunció a esa concesión a raíz de la crisis sísmica desatada frente a las costas del Delta del Ebro en la fase de pruebas para iniciar la explotación del almacén de gas. La CE espera la respuesta española a mediados del próximo mes para decidir si abre oficialmente una investigación sobre el caso.

La denuncia presentada por la Cecot presenta como principal argumento legal que el pago de la compensación a Escal UGS es una ayuda de estado que favorece a una empresa respecto a su competencia, lo que equivaldría a una infracción del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que veta esta práctica. Los denunciantes son asociaciones empresariales que representan intereses de usuarios de gas que se consideran afectados por la medida. “Nosotros lo que esperamos con esta reclamación es que se obligue al Estado a recuperar la indemnización satisfecha, y como segunda opción, naturalmente que no sean los consumidores de gas, -en buena parte industrias- los que acaben pagando ese dinero y los intereses”, afirma Asun Cirera, abogada de la patronal Cecot.

{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"Hasta 4.700 millones de euros","text":"El pasado mes de noviembre, esta entidada\u00f1adi\u00f3 otra denuncia ante la Comisi\u00f3n Nacional de Mercados y Competencia para pedir la suspensi\u00f3n urgente del aumento tarifario en los recibos de gas de los consumidores. Adem\u00e1s, conf\u00eda que de demostrarse ante el juzgado que pudo existir negligencia en las actuaciones de la compa\u00f1\u00eda Escal durante la tramitaci\u00f3n y construcci\u00f3n del proyecto, se le podr\u00eda exigir que devuelva la indemnizaci\u00f3n cobrada."}}

De momento, el paso dado por la CE de reclamar explicaciones al gobierno español indica, apunta Cirera, “que la CE ve indicios de una posible incompatibilidad, como denunciamos”. En base a la respuesta que pueda aportar el ministerio de Industria, y a los argumentos presentados por los denunciantes, evaluará si abre una investigación formal que podría derivar, en caso de prosperar, “en reclamar al Estado español que adopte las medidas necesarias para revertir la indemnización”, expone la abogada. El Ministerio de Industria, preguntado por este periódico, no ha valorado el paso dado por la CE ni ha explicado cuál va a ser su respuesta. 

LA GENERALITAT NO PUEDE RECLAMAR

Por su parte, la Generalitat de Catalunya, mediante la Conselleria d’Empresa i Ocupació, remitió el año pasado tres cartas a cargos de la Comisión Europea instando a tomar iniciativas para supervisar si el reconocimiento retributivo otorgado a favor de la empresa Escal UGS podría constituir una vulneración de la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. En este caso, sin embargo, la petición fue desestimada. La CE recordó que la Administración catalana “no se había presentado como consumidor afectado ni tiene naturaleza jurídica, al no ser unEestado, para iniciar la reclamación”, han admitido fuentes del departamento.

Además de presentar su queja a las autoridades europeas, la Generalitat presentó un recurso de inconstitucionalidad que, al contrario que las actuaciones ante la CE, ha sido admitido a trámite. El recurso apunta que la resolución de la concesión mediante un decreto ley implanta un régimen singular, hecho que vulneraría la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria.

También el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la Generalitat contra la orden del ministerio de Industria que incluyó un primer pago de 17,13 millones de euros a Enagás entre los peajes a pagar por los consumidores por el mantenimiento e hibernación del proyecto Castor.