Aviso desoído

La empresa promotora del almacén gasístico Castor logró salvar con éxito cuantos escollos se le presentaron durante el largo proceso de tramitación administrativa que inició en el año 2005 para llevar a cabo su proyecto. Una de las advertencias fue precisamente el peligro sísmico, que le llegó del Observatori de l'Ebre. Este organismo científico expuso la necesidad de controlar los cambios sísmicos que pudiera provocar la inyección de gas en el antiguo yacimiento de petróleo que iba a convertirse en un depósito de gas. A la compañía le bastó con rechazar el requerimiento para lograr que la Administración siguiera adelante con los trámites.

«El Observatori de l'Ebre considera que se debe estudiar la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas», apuntó el organismo cuando fue requerido por el Ministerio de Medio Ambiente durante la tramitación de los documentos de aval ambiental. Escal UGS transmitió al ministerio en el 2008 su respuesta a la petición del observatorio: «Dadas las características del almacén, consistente en un kárst bien desarrollado por el que los fluidos circulan por cavidades abiertas con absoluta facilidad, sin resistencia, es decir, sin pérdida de carga, no se generarán sobrepresiones importantes durante el llenado», sostuvo. La previsión, sin embargo, acabó siendo errónea, dado el millar de sismos, la mayoría de pequeña magnitud, que se registraron en la zona.

El auto que ayer dictó el Juzgado número 4 de Vinaròs se detiene a exponer no solo cómo la empresa «obvió» sin dificultad el escollo planteado por el observatorio, sino también cómo la Administración aceptó los débiles argumentos expuestos por Escal UGS, que sencillamente «no apreció razones» para incluir análisis sísmico alguno en su estudio de impacto ambiental, al considerar que era innecesario en la zona donde se ubican el almacén marino y la planta terrestre. En relación con el aumento del riesgo de terremotos se limitó a exponer que «solo cabe decir que es una afirmación carente de fundamento científico», lo que, añade rotundo el juez, «fue consentido por la Administración». El fiscal de Castellón que redactó la denuncia trasladada al juzgado de Vinaròs también advirtió de que no solo Escal no aportó estudio alguno, sino que lo consideró innecesario a requerimiento del órgano medioambiental que, de hecho, se lo exigió. Eso sí, expresa su «extraordinaria sorpresa» ante la tibieza de la Administración al no exigir los informes.

Además de requerir que se estudiara la frecuencia de la actividad sísmica para detectar posibles cambios geológicos, el Observatori de l'Ebre reclamó que durante la ejecución del proyecto se llevara a cabo «un trabajo de monitorización sísmica rutinario para poder tomar decisiones sobre la actividad en el futuro». Esta vez sí, Escal financió la instalación de dos sismógrafos con el objetivo, según dijo en su día su presidente, Recaredo del Potro, «de contribuir en el progreso científico y el medioambiente».