CONSECUENCIAS DEL CAOS FERROVIARIO

Mossos y Policía Nacional pugnan por investigar el sabotaje del AVE

Agentes de los Mossos y vigilantes privados en el lugar del sabotaje, el jueves.

Agentes de los Mossos y vigilantes privados en el lugar del sabotaje, el jueves.

MANUEL VILASERÓ / MADRID / RAMON COMORERA / BARCELONA

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El sabotaje que el jueves sumió en el caos el ramal catalán del AVE ha dado paso a un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat, que pugnan incluso por hacerse con la investigación del caso. Pocas horas después de que el ministro de Justicia, Rafael Català, culpara del suceso a la "falta de atención" de los Mossos d'Esquadra en la vigilancia de la infraestructura se supo que la Policía Nacional había asumido las pesquisas tras comunicarlo a la Audiencia Nacional, pese a que el día anterior la policía autonómica ya se había ocupado del caso con el Juzgado de Vilafranca del Penedès como referencia.

Los Mossos habían iniciado su investigación de oficio a los pocos minutos de conocerse el suceso. Es la policía titular de las competencias de orden público en Catalunya, y la práctica habitual en incidentes como este es que Adif, el gestor de las vías, presente la denuncia ante el cuerpo autonómico. Pero el ente dependiente del Ministerio de Fomento lo hizo esta vez ante la Policía Nacional con el argumento de que "la avería afectó a varias comunidades autónomas".

El cuerpo estatal no perdió el tiempo y tras comunicarlo al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Juan Pablo González, desplazó ayer por la mañana al epicentro del desastre a un equipo de especialistas en sabotajes. El magistrado ha abierto diligencias pero fuentes de la Audiencia Nacional han advertido de que, al no tratarse de un delito de carácter terrorista, lo más probable es que derive el caso al juez de Vilafranca, que será a la postre el que decida a qué cuerpo encarga la investigación, informa  Margarita Batallas

Precedentes claros

Todos los precedentes avalan que la Audiencia Nacional se inhiba. El más claro es el de la huelga salvaje de controladores del puente de la Constitución del 2010 que afectó a vuelos de toda España e incluso internacionales. Fomento intentó que se les procesara desde esa instancia judicial, pero el caso se derivó a los juzgados de las poblaciones donde existían centros de control.

La pugna policial venía precedida de esas declaraciones del ministro Català, que en una entrevista radiofónica tiró de su pasado reciente como secretario de Estado de Infraestructuras. Tras recordar que desde Fomento se había pedido en dos ocasiones la colaboración de la Generalitat para proteger las líneas del AVE, afirmó que el corte de varios cables del jueves demostraba que no había "habido tanta atención como hubiese sido deseable".

Nadie fue tan lejos

Nadie más del Gobierno fue tan lejos. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y el presidente de Adif, Gonzalo Ferré, se limitaron a recordar esas reclamaciones a la Generalitat de que no se ocupaba lo suficiente de controlar a los ladrones de cobre, pero sin vincularlo al corte del jueves. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ni siquiera eso. Se limitó a garantizar que la investigación "llegará hasta el final" porque "es un hecho gravísimo".

Es evidente que nada tiene que ver un sabotaje, relacionado con problemas laborales de Renfe o Adif, con la persecución de las bandas de tráfico de cobre. Cuando se reclamaba más control a la policía autonómica, no era para que mandaran más patrullas nocturnas para pillar a los ladrones, una tarea casi imposible dada la longitud de la línea. Se trataba de dedicar esfuerzos a cazar a los autores detectándolos a través de los circuitos clandestinos de comercialización y otros métodos de inteligencia policial.

El 'conseller' de Interior, Jordi Jané, no quiso entrar al trapo que le tendió Català y se limitó a responder con los datos de las actuaciones de los Mossos desde que se reunió antes del verano con la ministra de Fomento, Ana Pastor,  y que certifican que los robos de cable han caído.

La respuesta más contundente llegó de los Mossos. El portavoz del Sindicat Autònom de Policia (SAP-UGT), Valentín Anadón, tachó de "irresponsables" las acusaciones del ministro al "politizar" unas cuestiones de seguridad que "no se deberían mezclar con la campaña electoral". "El ministro Catalá debería preocuparse de que haya coordinación entre los cuerpos policiales estatales y autonómicos y no buscar culpables", le advirtió en alusión a las investigaciones paralelas.