La responsable de una entidad social que no quiere identificarse tendrá que reunir a sus trabajadores antes de que acabe la semana para decirles que su nómina será recortada e informarles de que por ahora se deja de pagar a los suministradores y a la Seguridad Social. Esta responsable deberá buscar créditos, y confiar en que sea verdad que en agosto sí cobrará. Esta es la situación de una entidad en concreto, pero también la de centenares y centenares, todas las concertadas que el lunes vieron confirmado que este mes no cobrarán el pago que les corresponde de la Generalitat. No hay dinero para pagar la factura social de un sector que no protesta, que no se queja, que casi nunca se manifiesta. Que no sale en los telediarios.

Cena en un centro de de la Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, anoche. JULIO CARBÓ

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Información publicada en la página 26 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 01 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Es difícil sintetizar en cifras lo que puede suponer el impago, pero cabe recordar que muchas de las labores de las entidades sociales son sencillamente vitales. A menos, claro, que Catalunya se plantee como opción dejar de atender a niños tutelados por la Administración que cuidan organizaciones privadas, a enfermos mentales y a discapacitados físicos o intelectuales. Y así, un largo y doloroso etcétera casi invisible para la sociedad: todo el mundo entiende que es una mala noticia que un colegio o un hospital cierren. Es probable que solo los padres de un discapacitado tengan claro qué supone que no pueda acudir a clases de inserción laboral.

FRAGILIDAD El sector no está acostumbrado a protestar, pero eso no durará siempre. Y ayer se pudo apreciar. Las patronales de las entidades que atienden a pacientes con discapacidad y trastorno mental alertaron en un comunicado de que no podrán aguantar otro impago y emplazaron al Govern a tener en cuenta la fragilidad de los atendidos. Otro colectivo ha ido más allá: la Asociación Catalana de Directores de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) denunció ayer ante la Fiscalía de Barcelona los impagos que el conseller de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, confirmó el lunes al sector. La iniciativa se basa en que el impago supone desatender a ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y colaboradoras de Catalunya, y de que la atención a la dependencia está reconocida como derecho en la Constitución. Asdac también critica que el Ejecutivo catalán haya comunicado la mala noticia a las patronales pero no a los usuarios y a sus familias, que conocen lo que pasa por los medios.

Al margen de esta denuncia, el sector lamentó con amargura que tras sufrir duros recortes se haya llegado al impago total. La Confederació d'Associacions Empresarials del Tercer Sector, que agrupa a varias patronales, mostró su decepción por el Govern, y si bien agradeció que Cleries se comprometa a pagar en agosto, recordó que algunas ayudas dependen de otros departamentos, por lo que reclamó idénticos compromisos a Empresa i Ocupació, Salut y Ensenyament.

CIFRAS Algunos colectivos dieron cifras del desastre que podría darse. La FEDAIA, que agrupa a las entidades que atienden a la infancia, advirtió de que existe el riesgo, por el impago anunciado, de que 2.000 niños y adolescentes dejen de recibir su manutención. La directora de FEDAIA, Sonia Martínez invita a enfocar la situación de las entidades como si fuera la de una familia, lo que de hecho hace tiempo que sucede en este contexto de crisis. «Como en una familia, cuando entra menos dinero hay que recortar. Y se tendrá que hacer en pagos a proveedores, en nóminas». Porque, como en las familias, hay cuestiones que, sencillamente, no se pueden recortar.

El Govern se limitó a afirmar ayer que la culpa es del Ejecutivo central y que todo irá bien, que las entidades saldrán adelante como los funcionarios a los que han recortado el sueldo. El discurso del portavoz del Govern, Francesc Homs, es incomprensible para las entidades. La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, aseguró con conocimiento de causa que el sector se esforzará para que sus usuarios sigan siendo atendidos.

A todo esto, hay responsables de entidades que ni siquiera pueden hablar. Por ejemplo, los centros de menores a los que el Govern pidió por carta semanas atrás que no atiendan a medios de comunicación sin permiso de la Generalitat.