El PP tumbó ayer en el Congreso las enmiendas a la totalidad de todos los grupos de la oposición en contra del proyecto de ley que incrementa desde 50 euros hasta 600 el coste de la justicia para los ciudadanos que decidan recurrir contra una sentencia en todos los órdenes, salvo en el penal. La norma continúa así su trámite parlamentario con el único apoyo del grupo que sustenta al Gobierno, frente al rechazo de la oposición y de buena parte de las asociaciones de jueces y fiscales, así como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que consideran que las nuevas tasas son «excesivas», tendrán un efecto «disuasorio» evidente y podrían ser inconstitucionales.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ayer en el Congreso. JOSÉ LUIS ROCA

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Información publicada en la página 35 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 23 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió el copago con el argumento de que los fondos recaudados (en torno a 306 millones al año frente a los 164 millones que se obtienen por las tasas que ya se pagan actualmente) se destinarán íntegramente a pagar la justicia gratuita, competencia de las comunidades autónomas que, debido a la crisis, estas tienen dificultades para costear. De hecho, el ministro aprovechó el debate para anunciar que con los nuevos ingresos propondrá un aumento del número de beneficiarios de la justicia gratuita, de forma que puedan demandar los servicios de los abogados de oficio los ciudadanos que perciban menos de 15.975 euros al año, 1.000 euros más que hoy en día.

La oposición afeó al ministro su pretensión de tapar el nuevo copago con un anuncio propagandístico. «Ha hecho usted un monumento a la justicia arbitraria y al cinismo político», le espetó Gaspar Llamazares (IU). «Detrás de un discurso brillante, esconde un afán recaudatorio», añadió Rosa Díez (UPD).

DOBLE PAGO EN CATALUNYA / También CiU se opuso a un incremento «excesivo» en comparación con las tasas puestas en marcha por el Govern, que no superan los 120 euros. En este sentido, Gallardón invitó a la Generalitat a «negociar» que los ciudadanos catalanes no tengan que afrontar «una doble imposición». Justicia considera que el tributo catalán podría vulnerar la ley de tasas estatales, pero confía en que el Govern se avenga a negociar.

La oposición coincidió en que el aumento del copago, que entrará en vigor a finales de año, «impedirá el libre acceso a la justicia». Por ello reclamó sin éxito que se deje fuera especialmente el orden social, para impedir que un trabajador que quiera recurrir contra un despido tenga que abonar hasta 750 euros.