El futuro del pulmón verde del planeta

Aprobada la ley que rebaja la protección de la Amazonia brasileña

Una zona deforestada en las proximidades del río Xingu, en la Amazonia, en el norte de Brasil.

Una zona deforestada en las proximidades del río Xingu, en la Amazonia, en el norte de Brasil.

ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

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El Congreso de Brasil aprobó anoche con una sólida mayoría un nuevo código forestal que, para los ecologistas, favorece el agronegocio por encima de los objetivos que se ha trazado el mismo Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff de continuar reduciendo los efectos de la deforestación en la Amazonia.

La ley, que sustituye a la promovida en 1965 por la dictadura militar, regula los límites a la actividad agropecuaria y, entre otras cosas, abre las puertas para la reducción de las áreas de selva o bosque que estaban bajo protección. Con el código aprobado, los hacendados de la región amazónica ya no estarán obligados a dejar intacto el 80% de sus terrenos. Les alcanzará con solo el 50%. No es ese el único beneficio que recibirán: se extiende un manto de perdón a los productores que devastaron áreas protegidas hasta julio del 2008. Rousseff ha advertido de que vetará cualquier amnistía para los deforestadores.

A modo de contrapeso, la ley establece la obligación de recuperar las zonas que sean degradadas en el futuro y concede incentivos económicos para los agricultores que adopten prácticas sostenibles.

El código forestal ya ha recorrido a estas alturas un largo camino. La Cámara de los Diputados lo aprobó en mayo pasado. El Senado también le dio vía libre pero introdujo algunas enmiendas. Es así que el texto tuvo que volver a la Cámara de origen. Pero allí, el diputado Paulo Piau, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado de la presidenta, pero con intereses encontrados en algunos estados, se tomó el permiso para extirpar del texto cláusulas que molestaban a los grupos que defienden los intereses de los ruralistas.

«CERTIFICADO DE MUERTE» / Como era de suponer, estalló el escándalo. El Partito Verde pidió al Tribunal Supremo la destitución del diputado. «Es un certificado de muerte para la Amazonia y la zona costera», dijo la procuradora de la República, Analúcia Hartman. La ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, denunció que las modificaciones «premian a los desmontadores».

El presidente de la Cámara de los Diputados, Marco Maia, terminó desautorizando a Piau y exigió que se restablezcan las áreas de reforestación exigidas a los productores que desmonten áreas de preservación permanente a la vera del río.

Para Maia, Piau contrarió el reglamento de la legislatura al excluir un tramo del texto que había sido aprobado por el Senado y que exigía a los productores la recomposición de, por lo menos, 15 metros de vegetación nativa en los márgenes de los cursos de agua con hasta 10 metros. El artículo excluido por Piau preveía además que, para los ríos con lechos superiores a los 10 metros, el área de bosque que debería ser recompuesta debería tener de 30 a 100 metros.

LOBI AGROPECUARIO / El presidente del Frente Parlamentario Agropecuario, Moreira Mendes, aceptó votar el texto en su versión original, aunque solo a los efectos de que el código se apruebe. Después, advirtió, presentará un proyecto en el cual se retomará la idea de Piau. En diciembre pasado, el diarioFolha de Sao Pauloreveló que empresas agropecuarias que se beneficiarían con la amnistía han contribuido en la financiación de la campaña electoral de 50 congresistas que participaron de las discusiones del código forestal.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Espaciales, entre agosto del 2010 y julio del 2011 fueron deforestados 6.238 kilómetros cuadrados de selva, un 11% menos que el año anterior. Se trata del indicador más bajo desde 1988.

Dilma, apaga la motosierra, ha sido la consigna de Greenpeace durante los debates sobre la ley. El director para la Amazonia de la entidad, Paulo Adario, recordó que Brasil se comprometió en la conferencia sobre el clima de Copenhague a reducir la velocidad de devastación en un 80% hasta el 2020. Eso significaría que la tala tendría que llegar ese año a 3.000 kilómetros cuadrados anuales a lo sumo. La ley admite diversas interpretaciones, pero no siempre invitan al optimismo. «Por lo que parece, continuaremos pensando solo en los lucros inmediatos», lamentó el diarioEstado.