posibles irregularidades

Antifrau investiga las contrataciones de personal de la Universitat Rovira i Virgili

La oficina ha pedido información sobre nombramientos y aumentos de sueldo en el área de gerencia

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ESTHER CELMA / TARRAGONA

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La Oficina Antifrau de Catalunya investiga por qué motivo varios puestos clave de la gestión de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) han sido ocupados con cargos de confianza y no con funcionarios de carrera, como marca la ley, así como el incremento de contratos y subidas de sueldos en el área de gerencia, según han informado fuentes próximas al caso.

La URV, confirma un portavoz, ya ha tramitado “la información requerida, donde se acredita que se han aplicado los procedimientos legales vigentes”. No obstante, declina dar la versión institucional del caso por desconocer el alcance y contenido de la investigación de Antifrau.

Los servicios jurídicos de la URV han detallado que Antifrau han requerido abundante información genérica sobre procesos de contratación y  también, en concreto, de cinco puestos. La propia página web de la universidad, a la que remiten los servicios jurídicos, y  de varias fuentes de la URV, informan de que estos contratos corresponden al gerente, Manuel Molina; la jefa de recursos humanos, Josepa Gallofré; a su hija, la técnico medio de soporte a la dirección Mireia Alberich,; a la jefa de servicio de gestión académica y a su marido, técnico superior de soporte a la dirección.

23 AÑOS EN EL PUESTO

Estos puestos de trabajo dependen de la gerencia, dirigida por Molina desde hace 23 años, prácticamente desde el inicio de la universidad, que el año pasado cumplió su 25º aniversario. La larga trayectoria del gerente, un caso singular en las universidades españolas, se explica, según el portavoz y los servicios jurídicos de la URV, por “la política continuista que siempre ha tenido esta universidad”. 

Molina accedió a la universidad por libre designación como cargo de confianza, aunque a partir del 2012 consta como laboral en la relación de puestos de trabajo de la URV. Por eso se investiga ahora si su contrato se modificó de personal de alta dirección a personal laboral sin que la plaza hubiera salido a concurso, según las mismas fuentes. El portavoz de la URV asegura, sin embargo, que el contrato no se ha alterado y sigue siendo de confianza.

La jefa de recursos humanos es una eventual -un cargo de confianza nombrado a su vez por otro cargo de confianza-, una figura que no puede desempeñar tareas de gestión exclusivamente reservadas a funcionarios, según la ley. Para ocupar esta plaza, la Relación de puestos de trabajo de la URV establece que hay que tener una licenciatura y Gallofré, con una larga trayectoria sindical, tiene una diplomatura en Relaciones Laborales.

Es responsable, entre otros, de procesos de acceso y retribuciones de una universidad con más de 2.500 empleados y una amplía diversidad laboral que va desde el personal de administración y servicios a catedráticos y becarios. Pese a lo estratégico de este cargo, ocupado anteriormente por una funcionaria de carrera, no ha salido a concurso público.

EXCEPCIONES

Los servicios jurídicos de la URV han argumentado que la ley prevé excepciones y se han mostrado convencidos de que no hay ninguna irregularidad en las contrataciones, ya que están aprobadas colegiadamente por el consejo social y la junta de gobierno de la universidad tarraconense. Tanto es así, que, según el portavoz, “desde hace unos veinte años, la política de personal de la universidad es que las plazas de jefes de servicio sean eventuales”.

La URV también justifica el crecimiento del área de gerencia por la reorganización impulsada por el rector Francesc Xavier Grau en su segundo mandato (2010-2014) “para cubrir las necesidades del gran crecimiento que había experimentado la URV y para hacer este crecimiento sostenible”.

Según la URV, el contexto era optimista, con aportaciones estatales a los Campus de Excelencia Internacional, pero desde mayo del 2011, con los recortes, esta área ha decrecido. Sin embargo, Antifrau quiere confirmar que se trata de una reducción real