Emergencia social

Andalucía quitará a la banca los pisos de desahuciados en situación grave

JULIA CAMACHO
SEVILLA

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A ndalucía presentó ayer la fórmula legal que le permitirá, como anunció hace tiempo IU, uno de los socios del Ejecutivo regional, declararse «territorio insumiso» a los desahucios. Un decreto ley aprobado por el consejo de Gobierno y que entrará en vigor el viernes permitirá expropiar temporalmente la vivienda a los bancos que vayan a desahuciar a una familia en caso de que esta esté en riesgo de exclusión social.

El decreto ley sobre la función social de la vivienda, presentado por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quiere frenar la «quiebra social y la marginación de miles de familias» que se enfrentan a una situación «injusta en términos políticos, sociales y éticos». Y trata de poner coto a los casi 45 desahucios diarios que se llevan a cabo en la comunidad. Desde el 2007 se han producido 86.000 en la autonomía.

«Hasta aquí hemos llegado, Andalucía dice ¡basta!», justificó la responsable de Fomento, pese a que en los últimos tiempos los desahucios bancarios han decaído y se buscan soluciones intermedias.

La norma incluye también medidas para el fomento del alquiler, la autoconstrucción y la atención de la demanda social de vivienda, considerada como «un derecho humano». Pero el punto más llamativo es el que ampara la expropiación temporal a bancos, promotoras o constructoras cuando ejecuten desahucios de primeras viviendas a familias que queden completamente desprotegidas. Para ello será fundamental la información que sobre los casos más graves aporte la red de oficinas de mediación que empezaron a funcionar el pasado septiembre.

La medida «excepcional» se prorrogará tres años, durante los que la familia podrá vivir en la casa a cambio de abonar a la Junta una pequeña cantidad no especificada. Pasado este plazo, la Junta espera que haya un Gobierno central más sensible y «capaz de paralizar los desahucios». En caso contrario, no se descarta ampliar el plazo de expropiación.

Por su parte, los bancos y sus filiales inmobiliarias, así como otras entidades afectadas por la expropiación, recibirán a cambio el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la ley de expropiaciones.

El otro objetivo del decreto es cambiar las condiciones del mercado de alquiler y hacer aflorar todo el parque de casas vacías que poseen actualmente bancos y constructoras. Estas entidades podrán ser sancionadas con hasta 9.000 euros por vivienda si no las ponen en movimiento en medio año.

Para ello, la Junta tiene previsto elaborar un registro de viviendas desocupadas, entendiendo como tales aquellas que no muestren actividad durante un plazo de seis meses (consumo de agua, luz, teléfono..). Según la Junta, en Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas. La medida excluye expresamente las segundas viviendas familiares y las de uso turístico.