Alud de desahucios en los pisos sociales de los fondos buitres

La familia de Wilson, sin ingresos y con un recién nacido, se quedó ayer en la calle en el barrio madrileño de Vallecas. El día 3 de febrero le tocará a la de Rubén, con tres hijos pequeños, en Carabanchel. Podríamos llenar la página con casos como estos. La lista es inacabable y sobre todo singular porque esta vez no son ni bancos ni pequeños propietarios agobiados por sus deudas los que impulsan los desahucios. Los protagonistas de estos dramas vivían de alquiler en casi 5.000 viviendas públicas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que les fueron adjudicadas por sus dificultades económicas o sociales, pero ambas administraciones las vendieron en el 2013 a dos fondos de inversión, los conocidos como fondos buitres, . Los mismos que ahora fuerzan su marcha.

Cuando se produjo la insólita operación, las autoridades aseguraron que los vecinos no lo iban a notar , que los inquilinos simplemente cambiaban de casero. Teóricamente se iban a respetar los contratos. Un año y medio después se han hecho realidad los peores augurios.

Los nuevos propietarios aprovechan cualquier resquicio legal para subir las cuotas, impedir la prórroga de contratos vencidos, eliminar las ayudas públicas, descuidar el mantenimiento y deshacerse así de las familias para poder vender o arrendar a precios de mercado. «Mobing en toda la regla. Muchos se están marchando porque no quieren pasar la vergüenza de un desahucio pero a los que no tienen ninguna alternativa los acaban echando», denuncia Arancha Mejías, presidenta de la asociación de vecinos de las viviendas sociales de la EMVS en Carabanchel.

El suyo es uno de los muchos colectivos que se han creado casi de manera espontánea para hacer frenta a lo que consideran «una estafa sin precedentes», con movilizaciones y también un amplio abanico de acciones judiciales, en el que cifran buena parte de sus esperanzas porque, además, los fondos se llevaron los pisos a «precio de ganga».

Las 2.935 casas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), las de la comunidad autónoma, fueron adjudicadas en agosto del 2013 por 201 millones de euros a Azora, un fondo de inversión del banco norteamericano Goldman Sachs. Uno de los muchos que se dedican a adquirir a sociedades endeudadas o en quiebra activos inmobiliarios a precios de saldo a la espera de sacarles partido. La compra les salió a poco más de 60.000 euros por piso, que ahora venden por mucho más del doble, entre 140.000 y 150.000 euros de precio medio.

ACCIONES JUDICIALES

El negocio es tan redondo que el Partido Socialista de Madrid (PSM) vio materia para presentar una querella por prevaricación y malversación de caudales públicos contra la directora general del instituto, Ana Gomendio, a la que el juez ya ha llamado a declarar como imputada por ambos delitos. Durante su comparecencia, defendió la «transparencia y legalidad» del concurso, pero el magistrado ha encargado a la UDEF que investigue los patrimonios de Gomendio y de otros altos cargos por si encuentra «enriquecimiento ilícito». A la querella se ha sumado la Asociación de Afectados del IVIMA con uno de los equipos de letrados, encabezado por Miguel Ángel Muga, que con sus recursos logró sabotear la privatización de la sanidad madrileña.

La misma asociación ha presentado cuatro demandas colectivas y una individual ante el contenciosoadministrativo pidiendo la nulidad de la venta porque no se dio opción a los vecinos a comprar ellos sus pisos. Meses después todavía no las han podido formalizar «porque el IVIMA no remite los expedientes completos para entorpecer y dilatar el proceso».

Solo un mes antes de que la comunidad vendiera sus pisos, la Empresa Municipal de la Viviendas y Suelo (EMVS) del ayuntamiento encabezado por Ana Botella adjudicó al fondo Magic Real Estate de Blackstone 1.860 casas por 218 millones de euros. En este caso los cálculos son más díficiles porque el comprador no vende sino que alquila a través de la empresa Federe, pero aquí ni siquiera existió un concurso como tal sino que la venta se gestionó a través de una inmobiliaria.

El grupo municipal socialista también ha recurrido a los tribunales con una denuncia por enajenar bienes destinados a fines sociales y los vecinos se han personado como acusación popular. «No me gusta judicializar la política pero es que no nos dejan otra salida. La situación de alguna gente es tan cruda que a veces me parece estar viviendo en una novela de Dickens», razona el presidente del grupo socialista, Jaime Lissavetsky.