Alta tensión ambulante

Son los grandes protagonistas de los enjambres turísticos de Barcelona y de buena parte de los paseos marítimos de Catalunya, aunque no lo parezca. «Todos hablan sobre los vendedores del 'top manta', pero ¿y a ellos quién les pregunta?», reflexiona César Ulises, portavoz del Espacio del Inmigrante, que brinda apoyo sociosanitario sobre el terreno a este y a otros colectivos foráneos en situación vulnerable.

Ulises considera crucial para reconducir la situación el reconocimiento de los vendedores ambulantes como «interlocutores válidos»  y que no sean otros, «ni siquiera las oenegés», los que hablen por ellos. Sería el paso previo para identificarles como trabajadores «y no como miembros de mafias o delincuentes», una forma de «superar los estereotipos de racismo y discriminación» que se han creado a su alrededor, expone Ulises. Y una manera de detener la tensión creciente. «Nos preocupa que estalle en Barcelona un episodio como el de Salou. Vemos nerviosa a la policía y una situación mal gestionada puede ser la chispa que prenda la llama», añade. ¿Y los inmigrantes cómo están? «A los chicos también les golpearon el sábado [cinco urbanos resultaron heridos], pero no tienen el altavoz mediático de la policía. Sufren discriminación, pero no son revanchistas. Solo quieren que se aclare el caso de Salou y más diálogo para que no pase más», destaca. La oenegé ha aumentado la vigilancia ante posibles nuevos altercados.

Papa Diop apela a esa voluntad de diálogo con autoridades y comerciantes para consensuar «unas condiciones buenas para todos». Incluso desliza la propuesta de «vender cuando los comercios bajen la persiana». Flexibilidad horaria, no tanto de espacio. Se resisten a dejar las zonas más turísticas, en la Rambla, plaza de Catalunya y paseo de Gràcia, donde tienen más clientes potenciales. «Algunos urbanos dicen que vayamos al Maremagnum, que nos molestarán mucho menos», asegura. Lo achacan a que, al margen de locales de restauración, no hay tanta presencia de comercio en la zona y «la presión de los poderosos» es menor. Ulises completa el escenario: «Hay intereses políticos para mantener un conflicto que no necesariamente existe». 

Los problemas llegan si optan por quedarse en el centro de Barcelona.  Puede que los agentes les pidan que recojan bártulos y vuelvan «en una o dos horas», explica Lamine Badiyli. «Al cabo de ese tiempo pasa otra patrulla o unos secretas y te reclaman que regreses en un rato», agrega.

Condiciones dignas

La otra posibilidad es una intervención para confiscarles el material, «incluso con la porra en la mano». Correrías entre la mirada atónita de turistas, sorteando transeúntes, esperando llegar a la parada del metro para estar a salvo. O no. «A veces te persiguen incluso allí», relata Badiyli. Su prioridad es evitar pasar la noche en el calabozo y perder el material. «Un muestrario de bolsos cuesta 250 euros», dice. Y asegura que la presión policial es «un poco menor» desde que Ada Colau es alcaldesa.

Aseguran que algunos agentes les sugieren que robando tendrían «menos problemas». Modou Mbaye destaca que con la presión policial contra la venta callejera y las ínfimas cantidades que reciben por la chatarra que recogen por la mañana («a 10 céntimos el kilo de hierro») son los primeros interesados en dedicarse a otra cosa.

Aun así, Mbaye valora las propuestas del gobierno municipal de Colau de impulsar para ellos cooperativas de chatarra, porque le parece  un «interés real» en entablar un diálogo que permita revertir la situación. Sería el germen de modelos que se siguen en zonas de África, Sudamérica o incluso en «ciudades conservadoras de EEUU», sostiene Ulises. Diop reitera que están deseando dejar la calle pero pide unas condiciones «dignas» mientras no haya  alternativas. «Pero parece que las prioridades no son las personas, sino evitar una imagen fea en una ciudad tan fashion y cosmopolita como Barcelona», zanja Ulises.