Sanidad propone una atención muy limitada a los simpapeles

El Ministerio de Sanidad intentará hoy acabar con el desbarajuste en que se ha convertido la asistencia a los inmigrantes sin permiso de residencia desde que en el 2012 el Gobierno aprobó un decreto que los excluía del sistema sanitario. El departamento encabezado por Alfonso Alonso presentará una propuesta de normalización a las comunidades autónomas, aunque lo más probable es que sea rechazada por la mayoría, que la consideran muy restrictiva y exigen la vuelta de la sanidad universal de antes del 2012.

En el documento que el ministerio ha hecho llegar a las comunidades se propone que puedan recibir asistencia primaria los simpapeles que lleven un año empadronados, acrediten la falta de recursos económicos y no dispongan de ningún otro seguro. Estos recibirían un documento distinto a la tarjeta sanitaria que les daría acceso solo a los centros de la comunidad donde vivan y que debería renovarse anualmente.

La propuesta contiene más limitaciones que el sistema adoptado por Catalunya y otras autonomías. Las que piden un periodo de empadronamiento solo lo exigen de tres meses, por ejemplo. Casi ninguna exige que se demuestre la falta de recursos, una situación casi obvia en el colectivo. El ministerio ha adelantado, sin embargo, que se trata solo de un borrador modificable en función de las aportaciones de las autonomías, pero habrá que ver hasta dónde llega la voluntad negociadora.

INSUMISIÓN

La antecesora de Alonso, Ana Mato, limitó con el decreto del 2012 la atención médica de los simpapeles a las embarazadas, los menores y las urgencias, pero desde el principio cuatro autonomías no gobernadas por el PP -Catalunya, el País Vasco, Asturias y Andalucía- se declararon insumisas. Los problemas de descontrol de epidemias y la imposibilidad de cobrar las facturas emitidas a personas sin recursos llevaron incluso a algunos ejecutivos autonómicos del PP, como Galicia, a abrir la mano, por ejemplo, en el caso de personas sin recursos.

La realidad se acabó imponiendo y en abril Alonso anunció una rectificación en toda regla: los inmigrantes irregulares recuperarían el derecho a la asistencia primaria. El problema es que han pasado los meses sin que el ministerio moviera ficha y las siete autonomías que han cambiado de signo político -Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura, Baleares y Cantabria-, con el significativo añadido de Madrid, gobernada por los conservadores, se han sumado a las insumisas.

La propuesta ministerial llega en un momento en que cada comunidad ha adoptado una fórmula distinta y la mayoría no quiere plegarse a la armonización si no es bajo una premisa: la retirada del decreto del 2012 y la vuelta al anterior sistema de sanidad universal donde los irregulares tenían los mismos derechos y prestaciones que el resto. Al menos esa es la posición con la que se sentarán a la mesa Euskadi y las siete comunidades gobernadas por el PSOE.

Andalucía es una de ellas. De la propuesta ministerial rechaza sobre todo que los inmigrantes deban figurar en un registro central, al entender que puede disuadir a la población del uso de los recursos sanitarios por temor a su situación irregular. En el borrador ministerial se especifica que los simpapeles se incluirían en la base de datos del Sistema Nacional de Salud, que es donde figuran todos los asegurados y beneficiarios. Allí aparecerían como «no asegurados».

Tras el decreto del 2012, Andalucía ha seguido atendiendo a los irregulares sin desarrollar ninguna normativa específica. Cualquier inmigrante que acude a un centro de salud o urgencias es atendido y, tras rellenar un formulario, recibe un certificado de reconocimiento temporal que garantiza el acceso al sistema sanitario en la comunidad. Actualmente son 27.000 las personas beneficiarias de este reconocimiento, aunque desde el 2012 se ha expedido a más de 100.000 personas, informa Julia Camacho.

En Valencia, al poco de tomar posesión el pasado 24 julio el Ejecutivo del socialista Ximo Puig, se aprobó un decreto que establece que los simpapeles recibirán la misma atención sanitaria en la comunidad que los nacidos allí. Los requisitos para acceder a la tarjeta son llevar tres meses empadronado y no tener seguro privado. La Consejería de Salud pedirá al ministerio la derogación del decreto y que se deje de «ocurrencias electorales», informa Laura L. David.

En el mismo sentido, el consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta «electoralista» de Alonso. Además, ha tachado de ineficaz e injusto el decreto de 2012, porque el colectivo de inmigrantes está formado por personas jóvenes, sanas y con un gasto sanitario mínimo y su atención «es un derecho básico». Desde octubre, el Gobierno vasco ha entregado la tarjeta sanitaria a más de 22.000 simpapeles. Las personas con más de un año de empadronamiento y todos los menores de 18 años tienen derecho a la asistencia completa si tienen ingresos inferiores a la renta de garantía de ingresos (RGI). Las embarazadas disfrutan de esta atención siempre. Quienes no cumplen estas condiciones solo son atendidos gratis en casos de urgencia, informa Aitor Ubarretxena.